Cargando...El crecimiento acelerado en el uso del ion-litio ha provocado que una tonelada de litio suba su precio desde los 350 dólares que costaba en 2003 hasta los 3.000 dólares que vale en la actualidad
El salar de Uyuni, una lanicie blanca de más de 10.000 kilómetros cuadrados en el suroeste de Boliva, se ha convertido en el centro de atracción ya no sólo para turistas o astrónomos, sino para empresarios interesados en la explotación del litio como fuente de energía alternativa, principalmente para la industria automovilística.El presidente Evo Morales dijo el lunes que el litio es la esperanza del país para salir de la pobreza y señaló que pidió a sus ministros que se apresuren en la búsqueda de inversiones con empresas que quieran asociarse con el estado.»La inversión que consigamos siempre será tomado como socios, empresas de estado o privadas el gobierno tiene la obligación de tener el control absoluto de esos recursos», afirmó.El crecimiento acelerado en el uso del ion-litio ha provocado que una tonelada de litio suba su precio desde los 350 dólares que costaba en 2003 hasta los 3.000 dólares que vale en la actualidad. Este hecho perfila a Bolivia a constituirse en un país muy rico porque cuenta con los mayores recursos en el mundo de este metal, de la familia de los alcaloides. Las políticas energéticas en Europa son muy favorables al medio ambiente. La llegada de los demócratas a Estados Unidos tenderá a tomar el mismo rumbo. Uno de los segmentos tecnológicos que se está explorando muy decididamente en USA y Europa es el de los vehículos híbridos. La industrialización de litio iniciada por el Gobierno del presidente Evo Morales con la construcción de la planta piloto para el tratamiento de salmueras en el Salar de Uyuni despertó el interés de importantes fábricas de automóviles, que desean invertir en el proyecto, informó anteriormente el ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú.Entre las interesadas se destacan las fábricas japonesas Sumimoto y Mitsubishi, así como otras de origen francés, le expresaron al Gobierno boliviano su interés en participar en la explotación de litio.Para el Gobierno, si bien es importante mantener contacto con estas firmas, tomando en cuenta que la reserva de litio que posee el país es la más grande del mundo, lo que da amplio margen para las inversiones, es más relevante dejar en claro que tanto la planta piloto como la futura planta industrial de carbonato de litio será un esfuerzo netamente estatal.»Hay empresas japonesas y francesas interesadas, tendremos contacto con ellas, la reserva del litio del salar es de lejos las mas grande del mundo y hay litio para más de mil años», afirmó Echazú.La instalación de esta planta demandará 5.7 millones de dólares que serán financiados con recursos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y tomará 18 meses a partir de la fecha para su construcción.Se calcula que la producción al mes alcanza las 40 toneladas de carbonato de litio, pero simultáneamente se obtendrá ácido bórico, cloruro de potasio, sulfato de potasio y cloruro de magnesio como subproductos.Se espera que con la venta de esta producción se pueda pagar el costo de la instalación de la planta, al menos en los siguientes cuatro años dependiendo del volumen de carbonato de litio de que se genere.Los potenciales mercados se encuentran en Norteamérica, Unión Europea, Brasil, Japón, China.Posteriormente con base a la planta piloto se construirá la planta industrial de litio, que se calcula demandará una inversión de 150 millones de dólares, para lo cual se deberá buscar financiamiento.Esa ha sido una de las razones por las que decidió suspender las largas negociaciones que, en los años noventa, se entablaron con la Lithium Corporation, que buscaba controlar la mayor fuente mundial de litio.La Lithium y la Food Corporation eran las dos empresas que tienian hegemonía en el país andino tanto en la explotación y producción como en la tecnología para obtener litio metálico, «elemento clave en el proceso de fusión nuclear, que controla y evita la radioactividad»Cualquier acuerdo está no solamente en manos del Gobierno, pues, de acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado, serán los pueblos indígenas de la región los que decidan si aceptan o no esta explotación y las condiciones económicas que más les beneficien.