Los problemas de un gobierno en minoría y enfrentado al rechazo popular

El laberinto de los presupuestos

Los presupuestos son la ley más importante de una legislatura, el más importante instrumento de un gobierno para desarrollar su política. Por eso el complejo trámite de los presupuestos de este año, que en abril no tienen todavía asegurada su aprobación, definen el laberinto en que se ha convertido la política española.

Con un gobierno en minoría que depende de una correlación de fuerzas política extraordinariamente móvil para ganar los apoyos suficientes para gobernar. Y que al mismo tiempo debe intentar reconducir, ofreciendo concesiones, el rechazo social que su política de recortes genera.

El año pasado el gobierno de Rajoy aprobó los presupuestos con seis meses de retraso. Y necesitó un acuerdo a siete bandas con Cs, PNV, UPN, Foro Asturias y los dos partidos canarios.

Este año, el panorama se presenta todavía más complicado. La ejecución en Cataluña del 155 cierra, por el momento, cualquier acuerdo con el PNV mientras no se forme un nuevo gobierno que pueda recuperar el control de la Generalitat.

Montoro ha presentado los presupuestos en el Congreso sin haber cerrado ningún acuerdo y sin los votos suficientes para su aprobación.

Es la imagen que define el marco en que se mueve la política española desde que -y no sin enormes dificultades, que obligaron a repetir las generales y dar un golpe de mano en el PSOE- Rajoy pudo formar gobierno.

Pero en una posición tan en minoría, que le obliga a trabajosos acuerdos para poder aprobar cada una de las leyes que presenta.

En un momento donde el nuevo modelo político que debe sustituir al bipartidismo -con la incorporación de Ciudadanos y Podemos- sigue todavía abierto. Y dotado de una movilidad que está permitiendo, por ejemplo, un fulgurante ascenso de Ciudadanos. Mientras el PP pierde apoyos lenta pero persistentemente.

La resolución del laberinto en que se han convertido los presupuestos de 2018 van a determinar el futuro de la legislatura. En caso de ser aprobados podrían prorrogarse el año que viene, y le garantizaría a Rajoy la continuidad de su gobierno hasta las generales de 2020.

Pero para ello, el PP está obligado a hacer continuas concesiones. Ha debido llegar a un acuerdo con Ciudadanos, que le da nuevo capital político a una formación naranja que le está arrebatando parte de sus votantes. Y, tras haber aprobado una reedición extraordinariamente generosa del cupo, le ofrece al PNV un aumento del 32% en las inversiones en Euskadi para intentar ganarse su apoyo.

Pero no solo juegan las diferentes formaciones políticas. También el rechazo generalizado en la sociedad a los recortes, que un PP en minoría está obligado a reconducir si quiere tener opciones de revalidar gobierno.

Ante las movilizaciones en defensa de las pensiones públicas, el PP se ha visto obligado a ofrecer por primera vez compensaciones. Decretando, una subida que en muchos casos está incluso por encima del IPC. Las pensiones mínimas y contributivas subirán un 3%, y lo harán además con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Las pensiones inferiores a 700 euros mensuales se aumentarán un 1,5%, y las que no superen los 860 euros lo harán un 1%.

Son subidas insuficientes (16 euros para las pensiones mínimas), y no invalidan el techo de subida del 0,25%, que podría aplicarse el año que viene. Pero Rajoy no tenía contempladas ni siquiera estas pequeñas concesiones. Las ha ofrecido obligado por la presión de las movilizaciones, y por el amplio respaldo social con que cuentan, incluso entre una mayoría de los votantes del PP.

Estos presupuestos también nos hablan de los límites bajo los que se mueve la política española, y que la mayoría de grandes medios silencian. Son presentados como “presupuestos expansivos”, pero siguen bajo el riguroso corsé de Bruselas, que obliga a una nueva reducción del déficit cuyo coste está valorado en 10.000 millones.

Esta es la norma de hierro -la necesidad de reducir el déficit en los ritmos impuestos por la UE- que garantiza la cronificación de los recortes.

Nos dicen que estos son “unos presupuestos sociales”. Y presentan como prueba el aumento de un 3,9% en sanidad o de un 3% en educación, lo que suponen respectivamente 4.252 millones y 2.650 millones más que el año pasado. Pero ocultan que, incluso con ese aumento, el montante sigue muy lejos del nivel de gasto de 2009. Es decir, se gasta menos en sanidad y educación que hace nueve años. O dicho de otra forma, continúan los recortes.

La batalla de los presupuestos entra ya en su fase final y decisiva. Todavía está abierta, y la forma en que se resuelva va a determinar el futuro de la política española.

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