Bolivia, comienza el juicio con los acusados profugos

El juicio por genocidio en la «guerra del gas»

El presidente boliviano, Evo Morales, anunció hoy que apelará al Tribunal Penal Internacional de la Haya para que Perú revierta la concesión de asilo y refugio a tres ex ministros, acusados de genocidio. «Pondremos la demanda ante la corte internacional para que el gobierno de Alan Garcí­a levante el beneficio a los funcionarios bolivianos del ex presidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)», dijo Morales al dejar inaugurado un tramo de gasoducto en esta ciudad del centro del paí­s.

El juicio contra el ex residente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, 17 de sus ministros y cuatro jefes militares, imputados por la muerte de 67 personas en los disturbios de El Alto de 2003, se iniciará hoy en la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con sede en la ciudad de Sucre.Sólo ocho ex ministros imputados y cuatro militares participarán en la audiencia de hoy, en la que también comparecerán unos 2.500 testigos. Se espera que en el proceso se presentarán unas 4.900 pruebas de acusación y 600 de descargo.La muerte de 67 personas y decenas de heridos en la llamada «Guerra del Gas» de septiembre y octubre de 2003, es el principal argumento para que este proceso se inicie luego de unos cinco años de trámite.Luego de que se instauró el juicio y se declaró en rebeldí­a a los acusados ausentes, se ordenó un receso hasta que se resuelva una recusación contra el tribunal, presentada por uno de los ministros ahora prófugos, Yerko Kukoc.Sánchez de Lozada y dos de sus ex ministros, el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaí­n, y el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, están refugiados en Estados Unidos y fueron declarados en rebeldí­a el año pasado por la Corte Suprema de Justicia, que además pidió su extradición.También se le imputan otros nueve delitos, entre ellos genocidio, que en la legislación nacional se aplica a «masacres sangrientas», lo que según la Fiscalí­a General fue lo ocurrido hace seis años.Luego de ese suceso, el 17 de octubre de 2003, el entonces presidente renunció a su mandato, huyó del paí­s y se autoexilió en Estados Unidos, donde reside desde entonces.La denuncia contra Sánchez de Lozada incluye otros cargos como homicidio, lesiones graves al Estado, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.De acuerdo con datos de la Fiscalí­a, existen más de dos mil testigos y cerca de cuatro mil documentos que prueban la culpabilidad de los acusados, por lo que el juicio puede durar meses.La brutalidad del ejército fue el sangriento clí­max de la «guerra del gas» en Bolivia, donde los movimientos sociales enfrentaron las polí­tica prohegemonista del entonces presidente Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada por la nacionalización de la industria del gas». El propietario de las minas,»Goni», logró convertir se, gracias a una singular estrategia de privatización de las empresas estatales y de las principales industrias, en el hombre más rico de Bolivia, a pesar de la resistencia del Partido Comunista de Bolivia y del segundo mayor grupo parlamentario, el «Movimiento al Socialismo» del actual Presidente Evo Morales. En los puertos chilenos un consorcio internacional formado por Pacific LNG, British Petroleum y Repsol, debí­a comercializar «casi regalado» el gas licuado hacia los EE.UU. y Mexico». «En este negocio correspondió a Bolivia apenas un 18% de la ganancia.Después que el presidente Lozada anunciara la firma del Tratado, comenzaron incontrolables protestas masivas a nivel nacional, en particular en El Alto, donde la mayorí­a de los indí­genas residentes organizaron comités de barrio. «Con la solidaridad activa de los movimientos sociales, los obreros de las minas y los campesinos de coca bloquearon las carreteras y paralizaron la capital, la respuesta del Presidente, aconsejado por las empresas gringas, fue el envió de tropas con el fin de romper el bloqueo, pero no tuvo éxito.Derrotado el gobierno por la protesta social, con pasaporte falso, Lozada huyó en helicóptero hacia los Estados Unidos, donde vive hasta hoy en el estado de Maryland en calidad de «refugiado polí­tico. A casi seis años después del Octubre Negro sigue pendiente el castigo de los responsables. Con el ultimo asilo a los responsables de la masacre boliviana, el gobierno peruano con Alan Garcí­a Perez, ex profugo de la justicia también y fiel aliado de EE UU, se ha convertido en refugio y solaz de todos los ex -agentes del imperialismo.

Deja una respuesta