Lucha contra los desahucios

El juez y la indefensión de los desahuciados

El juez Colubi ha encontrado un agujero en la Ley 1/2013 de medidas para, supuestamente, reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprobada por el Gobierno el pasado 14 de mayo. Le achaca una cuestión de inconstitucionalidad porque favorece a los bancos.

Todo empezó una mañana de un inusual lunes del pasado mes de septiembre. El juez presidió varias vistas en las que los demandados, a punto de perder su casa, pedían que se anulara la demanda del banco por la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios que habían firmado. Tuvo entonces que remitirse a la ley aprobada el pasado mes de mayo por el Gobierno, que teóricamente reducía la indefensión de los consumidores españoles atendiendo al varapalo que recibió Rajoy por parte del Tribunal de Luxemburgo a causa del sistema de desahucios español. “Según la decisión que tomara el juez, los bancos sí podían recurrir su decisión pero no así los consumidores afectados”

Fue ahí cuando vio que, según la decisión que tomara, los bancos sí podían recurrir su decisión pero no así los consumidores afectados.

En otras palabras, si no le daba la razón al ejecutante (el banco) y determinaba que las cláusulas eran abusivas, la decisión podía ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Pero si no se la daba al ejecutado (el particular), este no tenía ninguna opción de recurso.

Por supuesto, ni el ministerio fiscal ni el abogado del banco vieron problema alguno con la ley. Pero el juez sí. Al elevar este problema al Tribunal Constitucional el juez pone de manifiesto que el gobierno sigue pilotando el rescate bancario a costa del expolio y la expropiación de la gran mayoría de la población.

Y no sólo de los trabajadores. Uno de los casos es el de un empresario del sector del reciclaje del papel y el plástico que había puesto su chalé como garantía para acceder a una línea de crédito del banco. Cuando estalló la crisis y la gente dejó de pagar, tuvo que renegociar el pago de los 3.000 euros mensuales hasta dejarlo en 1.500. Sin embargo, el BBVA incumplió el acuerdo y puso la casa a subasta, con lo que, hace un año, se negó a pagar.

La demanda de ejecución hipotecaria es una de las que cayó en manos del juez Colubi aquel 23 de septiembre. Una de las cláusulas abusivas denunciadas por el empresario era que se aplicaron tipos del 19%, casi seis veces superiores al interés pactado para la devolución del préstamo.

Del Tribunal Constitucional pende ahora el futuro de este y de muchos otros casos. La Constitución sigue oponiendo, de momento, ciertas barreras de contención para la voracidad de los grandes capitales financieros. Así es. Cuando lo que está en juego es el trasvase de la riqueza a manos de las oligarquías más poderosas del planeta, las verdaderas propietarias de nuestras hipotecas, no hay medias tintas.

Recordemos que, según un reciente informe del imperio bancario de los Rockefeller (la JP Morgan), las constituciones de los países del sur de Europa protegen demasiado los derechos de los trabajadores y son inadecuadas para una mayor “integración europea”: Cuando los políticos y creadores de opinión alemanes hablan de un largo proceso de ajuste de una década, probablemente tienen en mente tanto la necesidad de reformas económicas como políticas (…) cambios significativos en las Constituciones políticas de la periferia.

Bien por el juez, ojo con las reformas de la Constitución.

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