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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cerrado el caso abierto contra los organizadores de la marcha del 25-S «Rodea el Congreso» por un presunto delito contra las Instituciones del Estado.
Los intentos del gobierno de que se enjuicie a los detenidos en el 25-S por delitos contra el Estado, enviándolos a la Audiencia Nacional, lo que suponía equiparar, de hecho, estos delitos con los de terrorismo, han pinchado en hueso. Tan desmesuradas eran las pretensiones del gobierno, en su intento de criminalizar las movilizaciones, que un alto cargo del Estado como el juez Pedraz ha reaccionado, negándose a aceptar el caso, y hablando de “la decadencia de la clase política”. «La «decadencia» de la clase política tiene mucho que ver con su vinculación orgánica con la oligarquía y el hegemonismo para defender sus intereses»
El juez Pedraz, en su auto, no sólo ha desmontado la gravedad de la denuncia presentada por la policía (según la cual se pretendía poco más o menos que dar un golpe de Estado al estilo del 23-F), sino que ha enmarcado la movilización dentro del derecho de la libertad de expresión, entre otras cosas porque estaba autorizada por la delegación del gobierno, “y no cabe prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.
Pero la furibunda reacción del gobierno, de los medios prohegemonistas y del portavoz adjunto en el Congreso el PP, Rafael Hernando, llamando «pijo ácrata» al juez y cuestionando su capacidad jurídica, pone manifiesto el auténtico problema de fondo. El “odio” hacia la clase política oficial, que recorre desde los “antisistema” a altos cargos del sistema como un juez de la Audiencia Nacional (Pedraz o antes Garzón) no sólo tiene que ver con su papel como ejecutores de las política de recortes más antipopulares; sino también con su vinculación orgánica con la oligarquía y el hegemonismo para defender sus intereses. Y por lo tanto con que todas las instituciones del Estado estén comprometidas en salvaguardar el blindaje antidemocrático del que los miembros de esa “clase política oficial” tienen que disfrutar para poder desarrollar una política tan opuesta a los intereses y al sentir popular.
Las rabiosas declaraciones contra Pedraz, incluso desde sectores del PSOE, no son por dejar libres a los procesados, sino por atreverse en un auto a denunciar “la decadencia de la clase política” y no cerrar filas “como alto cargo del Estado” con el blindaje de los políticos.