El Hospital de Alzira vuelve a ser público 18 años después

El Domingo de Resurrección 1 de abril de 2018 quedará como fecha histórica de la sanidad de la Comunidad Valenciana y de toda España: el Hospital de Alzira, y toda el Área Sanitaria de La Ribera, ha vuelto a ser público después de 18 años en manos privadas de la concesionaria Ribera Salud, cuyos propietarios son al 50% del fondo norteamericano Centene Corporation y el Banco Sabadell.

Desde el 1 de abril el hospital y el Área Sanitaria de La Ribera bajo nueva gestión pública funciona con toda normalidad, a pesar de todas las trabas y calamidades anunciadas por los gestores privados si esto ocurría.

Lo hace además incorporando servicios que no ofrecía la gestión privada de Ribera Salud como cirugía pediátrica, tratamientos de hepatitis C o neuroradiología; la apertura de los consultorios turísticos de Cullera y Sueca; y el reforzamiento de personal con 300 nuevos profesionales, tras el cese de los contratos temporales que tenía firmados la concesionaria privada.

El departamento sanitario, o Área Sanitaria de La Ribera, ofrece atención hospitalaria y ambulatoria a unas 257.000 personas de 35 municipios y está formado por el Hospital de Alzira, 14 centros de salud, 31 consultorios y casi 1.700 profesionales de plantilla.

Es la confirmación de una victoria. Y mucho más. Bajo la batalla por la recuperación para el sector público del Hospital de Alzira lo que aparece es que la privatización no es sino poner en manos de los monopolios y la banca la sanidad pública; el control de fondos extranjeros, principalmente norteamericanos, sobre la salud de millones de ciudadanos; y la intervención directa de sus embajadas para defender los intereses del gran capital norteamericano y quebrar la voluntad del gobierno valenciano.

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Cae el símbolo del “modelo Alzira”

El modelo de privatización del PP se basa en entregar la gestión de áreas sanitarias completas, tanto del hospital de referencia y la atención hospitalaria, como la atención primaria del área de salud vinculada a ese centro con sus centros de salud y consultorios incluidos. Los profesionales no son trabajadores públicos, sino contratados por la concesionaria. A cambio la Generalitat paga una cantidad fija, un canon por habitante, que en el momento actual suponía un total de 190 millones de euros anuales, según declaraciones de la Consejera de Sanidad Carmen Montón. (En total más de 2.100 millones de euros en los últimos 15 años ha pagado la Generalitat por el área del Hospital de Alzira a Ribera Salud).

En el contrato de concesión no están incluidos los costes de farmacia ambulatoria, prótesis, endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario y salud pública. Ribera Salud ha aplicado además “la selección de riesgos” para no ofrecer servicios como los tratamientos de la hepatitis C o la derivación a hospitales públicos gestionados directamente por la Consejería de Sanidad de los enfermos más costosos.

Este es el modelo que el PP ha extendido a otros cuatro departamentos -todos con las mismas características que La Ribera, zonas esencialmente urbanas y baja dispersión poblacional-: las áreas sanitarias de Torrevieja (2006), Denia (2008), Manises (2009) y Elche-Vinalopó (2010). En total las cinco áreas privatizadas afectan a más de 900.000 valencianos.

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Ribera Salud: la salud de casi un millón de valencianos en manos de fondos norteamericanos

Bankia abrió la puerta

Cuando un vecino de La Ribera acudía a un consultorio, a un especialista o se sometía a un análisis de sangre, una radiografía, una operación de apendicitis o cualquier otra clase de pruebas hospitalarias, una parte sustancial del coste de esos servicios, en forma de beneficios, los recibía una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Y, por lo tanto, su salud ha estado dependiendo de una multinacional norteamericana y sus avatares en la Bolsa. Esto es lo que sigue ocurriendo en las áreas sanitarias que aún siguen privatizadas de la Comunidad valenciana.

Ribera Salud, el consorcio impulsado por el PP con Bancaja y la CAM para su proyecto de privatización de la sanidad pública sufrió en 2014 un cambio sustancial, Bankia vende su participación del 50% heredada de Bancaja, la caja de ahorros valenciana rescatada con miles de millones de dinero público, al fondo norteamericano Centene como parte de los “compromisos” impuestos por el FMI y la UE en el rescate financiero de 2012.

Centene Corporation es un fondo especializado en la gestión sanitaria, un gigante del sector sanitario norteamericano que cotiza en Wall Street.«Bankia vende su participación del 50% heredada de Bancaja al fondo norteamericano Centene Corporation, un gigante del negocio sanitario que cotiza en Wall Street»

Una venta realizada a precio de saldo por 16 millones de dólares, apenas 12 millones de euros, por unas instalaciones por las que la Generalitat había pagado a Ribera Salud más de 70 millones en 2003, cuando la rescató de la quiebra después de acumular 5 millones de pérdidas en los cuatro primeros años de gestión privada.

Ribera Salud pasaba a ser propiedad al 50% de la multinacional norteamericana -el otro 50% sigue en manos del Sabadell- e iniciaba su expansión dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

En mayo de 2015 la Ribera Salud de Centene Corporation toma el control total de las áreas sanitarias de Alzira, Torrevieja y Elche al comprar a las aseguradoras Asisa y Adeslas su parte en estos hospitales de gestión privada. Y mantiene el 35% en la de La Marina y el Hospital de Denia que controla con el 65% la aseguradora alemana DKV (la principal compañía de seguros médicos de Europa).

El Área de Manises está gestionada por Sanitas, fundada en España pero desde 1.989 integrada en la multinacional británica sanitaria Bupa.

Ribera Salud llegó a controlar casi un millón, aún hoy después de la privatización, solo en la Comunidad Valenciana controla la salud de más de 650.000 personas.

A nivel nacional está presente entro otras en la Comunidad de Madrid en la sociedad BR Salud, gestora del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián de los Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos.

Ribera Salud (Centene Corporation y Sabadell) es pues el gigante de la privatización sanitaria y no ha sido nada fácil quitarle el Hospital de Alzira y su área sanitaria, la “joya de su corona” en Valencia. Sobre todo porque el fondo norteamericano Centene lo ha intentado todo para impedirlo.

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El embajador español en Washington y el embajador norteamericano en Madrid presionaron para evitar la reversión

La Embajada Norteamericana entra en escena

El embajador español en Washington, el exministro de Defensa Pedro Morenés, y el embajador de Estados Unidos en España, Richard Duke Buchan, un millonario tiburón de las finanzas de Wall Street y uno de los principales donantes de la campaña electoral de Donal Trump, presionaron a Ximo Puig para evitar que el Hospital de Alzira regresara a manos públicas.

Las presiones no han cesado en los últimos dos años, pero ha sido en las semanas anteriores al 1 de abril cuando han alcanzado su máximo nivel con la carta enviada por el embajador norteamericano al presidente de la Generalitat Ximo Puig.

Desde el primer momento en que la Consejera de Sanidad del gobierno valenciano, Carmen Montón, anunció su intención de recuperar la gestión pública de Alzina y no prorrogar el contrato con Ribera Salud al acabar el plazo de su concesión, la multinacional norteamericana Centene ha movido todo tipo de hilos para impedirlo.

Una campaña mediática y hasta ocho denuncias en los tribunales. Presiones directas de la propia multinacional ante el presidente Ximo Puig. Hace tres meses su vicepresidenta, Cynthia Brinkley se reunía personalmente con Ximo Puig para mostrarle su preocupación por la reversión.«Desde la embajada española en Washington y sobre todo desde la embajada americana en Madrid hemos asistido a una intensa intervención hegemonista»

Pero las auténticas presiones, y hasta “advertencias” que suenan como amenazas, para quebrar la voluntad del presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, han llegado desde las embajadas de España en Washington y, sobre todo, de la Embajada Norteamericana en Madrid. La multinacional yanqui movió sus hilos a los dos lados del océano.

Hace varios meses que el actual embajador Pedro Morenés, a sueldo del gobierno, ha estado actuando como embajador de los intereses norteamericanos en España, más que como defensor de los intereses españoles. Tras reunirse con representantes de Centene Corporation, llamó desde la Embajada de España en Estados Unidos al presidente Ximo Puig para “trasladarle la inquietud de la compañía por la situación de Ribera Salud y el final del contrato.

La última intervención llegaba directamente de la Embajada Norteamericana en España. Esta por escrito el 26 de marzo. El embajador norteamericano, Richard Duke, por medio del consejero comercial de la embajada advierte de consecuencias negativas si el gobierno valenciano sigue adelante, de los “problemas o dificultades” que pude traer la reversión de la concesión a Ribera Salud para “atraer inversión norteamericana” a la región.

La carta, que remite al interés mostrado por Centene Corporation para llevar a cabo “prometedores planes para crecer y seguir invirtiendo en España”, más que un intento de mediación con un gobierno amigo encierra una amenaza, una respuesta a lo que se percibe como un ataque a la multinacional sanitaria norteamericana.

Los hechos demuestran que hemos asistido a una intensa intervención hegemonista desde varios frentes para defender los intereses del gran capital norteamericano y torcer la voluntad de los gobernantes, en este caso de la autonomía valenciana. Una vez más el “EEUU no tiene amigos, sino intereses”.

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2.100 millones para Ribera Salud, 500 en recortes para la Sanidad Pública

¡Ah, entonces los recortes eran esto!

Ribera Salud ha vendido como uno de los grandes logros de la privatización un supuesto ahorro de costes del 25% para el sistema sanitario público. Pero basta ir a los números para ver que la realidad es exactamente la contraria.

En la sanidad valenciana se recortaron entre 2010 y 2015 más de 500 millones de euros, 104 euros por habitante, y se perdieron más de 3.000 profesionales, aparte de los recortes en los servicios de urgencias, camas, copagos…

Mientras, en los 15 años que ha durado la concesión privada del Hospital de Alzira y su área sanitaria, el gobierno de la Generalitat ha pagado más de 2.105 millones de euros a Ribera Salud, Un pago que lejos de disminuir ha ido aumentado cada año, hasta lo 190 millones de euros anulaes de canon que se han pagado en los últimos años.

El canon por habitante pagado por la Generalitat pasó de 379 euros por habitante en 2003 a los 777 euros en la actualidad, 398 euros más por habitante, ¡un 205% más!

Pero la Generalitat con el PP ha estado pagando aún mucho más por las liquidaciones de los servicios que no estraban en el contrato y que ahora reclama la Generalitat del nuevo gobierno valenciano. 105 millones por las liquidaciones de 2013, 2014 y 2015, de los cuales Ribera ha reconocido 50 millones. Y aún faltan liquidaciones de 2016 hasta ahora que podrían suponer otros 100 millones de euros. En total se podría llegar a más de 2.300 millones de eruos.

Recortes para los ciudadanos, listas de espera, reducción de camas y servicios y urgencias, copagos… mientras a las concesionarias privadas controladas por los fondos extranjeros, norteamericanos sobre todo, pero también alemanes como DKV, se les regaba con el dinero público.

Quitar de la Sanidad Pública104 euros a cada ciudadano para entregar 379 euros más por habitante a Ribera-Centene Corporation. Lo que se quita a los enfermos de aquí acaba en la Bolsa de Wall Street, esto son los recortes.