Cargando...El relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las actividades ilegales de la CIA en Europa, Dick Marty, declaró que «los Gobiernos y Parlamentos» de los 14 países europeos que colaboraron con los servicios americanos «tienen la obligación de establecer la verdad». España es uno de los países que Dick Marty denuncia.
El resonsable del informe sobre los vuelos de la CIA acusa a Europa de “mirar para otro lado”En su investigación menciona 1.245 vuelos operados por la CIA.Al definir el sistema de secuestro y transporte ilegal a centros de detención secretos, en su mayoría en Irak, Afganistán y Guantánamo, Marty empleó tres conceptos.Uno, la “tela de araña”, es decir, la red de aeropuertos, vuelos y centros, tejida por la CIA en colaboración con estados o servicios de inteligencia europeos.Dos, el “velo de silencio”, que se explica por el hecho de que un sistema parecido es “imposible sin la participación, en diferentes niveles, de los estados en la tela de araña”. Unos estados que decidieron guardar silencio sobre estas actividades, como denuncia el texto.Tres, el “apartehid jurídico”, por el que Marty denuncia la situación de las personas secuestradas, sin asistencia jurídica, visitas y sin derecho a un juicio justo. Una situación que sólo puede ser aplicada "a ciudadanos no norteamericanos" y "en territorio no americano".Marty, además, acusó a países como Alemania, Reino Unido, Polonia, Rumanía, Macedonia e Italia de no querer colaborar con la comisión y haber ocultado informaciones decisivas.“Pedimos a los responsables que, de no haber aclarado la verdad, lo hagan lo más rápido posible” explicó el relator durante la rueda de prensa.Marty reconoce que el proyecto de informe que se debatirá en el Consejo de Europa el 27 de junio afirma carecer de "pruebas en el sentido clásico del término", pero lanza su acusación en base a una serie de "elementos coherentes y convergentes", entre ellos testimonios, indicios y fuentes anónimas, que permiten concluir que existieron estas actividades ilegales.¿Qué tiene que decir el gobierno español sobre todo esto?Que se investiguen las implicaciones tanto del gobierno de Aznar y como del actual.