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El «ambicioso plan de lucha contra el fraude» que anunciaba el gobierno empieza con un sospechoso contrasentido. Se propone recaudar por este capítulo 8.171 millones, cuando el pasado año la Agencia Tributaria ingresó 10.400. ¿Qué tipo de «plan ambicioso» es ese que planifica un retroceso del 21,5%? La letra pequeña del «plan contra el fraude» de Rajoy explica esta paradoja. Irá dirigido contra las pymes y autónomos. Y no moverá un solo dedo para limitar el gigantesco fraude fiscal de bancos, monopolios y grandes fortunas.
El plan contra el fraude de Rajoy se reduce a “limitar los pagos en efectivo en determinadas transacciones económicas”, a un ligero incremento de los inspectores fiscales, y a utilizar los datos de consumo eléctrico o el rastro de las tarjetas de crédito para “luchar contra la economía sumergida y la utilización de dinero negro”. De conjunto, se trata de un plan diseñado para «apretar las tuercas» a las pymes y autónomos, asfixiados por la falta de crédito de los bancos y el peso de unos impuestos que conceden sustanciosos beneficios fiscales a los grandes y no perdonan un céntimo a los pequeños.Pero la realidad es que, según la propia Agencia Tributaria, el de pymes, autónomos o profesionales liberales sólo representa el 8% del fraude fiscal total. También según la Agencia Tributaria, el 74% del fraude fiscal es obra sobre la gran banca, las grandes empresas y las grandes fortunas. «El robo a la hacienda pública de estos grupos ultraprivilegiados significa que se dejan de ingresar en impuestos 44.000 millones». Una cifra que supera con creces la suma de todos los recortes necesarios para cubir los objetivos de reducción del défitic, valorados en 38.000 millones.Pero sobre este gran fraude -en realidad un robo al dinero público, es decir a nuestros bolsillos- nada ha dicho Rajoy. Por el contrario, lo que propone es «mano dura» para el pequeño defraudador, para que los grandes defraudadores sigan haciendo su agosto.