El gran fraude de las mutuas

Según el Tribunal de Cuentas, la dimensión de este fraude (8.200 millones de euros) supera el presupuesto para toda la Incapacidad Transitoria por Contingencias Comunes (ITCC). Según un estudio del profesor Vicení§ Navarro, de la Universitat Pompeu Fabra llega a ser de 82.000 millones de euros.

El informe de abril del Tribunal de Cuentas de 2009 ha detectado malversación y fraude masivo a las arcas úblicas en 2006 por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales, "asociaciones empresariales sin ánimo de lucro" que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de bajas por accidentes y por enfermedad común. Afecta a todas las mutuas fiscalizadas (8) que suman el 53% de las cuotas y el 51% de los trabajadores protegidos. Según el Tribunal las mutuas podrían estar ocasionando un perjuicio de 8.200 millones de euros a la Seguridad Social. Corbacho no sólo no lo corta sino que asigna a las Mutuas cada vez más competencias (gestión de las bajas por enfermedad común) y presupuesto público, pilotando la concentración del sector. Desde el 2006 han desaparecido cuatro mutuas dentro de un proceso de fusiones estimulado por el propio Ministerio. Sin embargo, la plantilla del grupo de “Dirección y Servicios Generales”, que representa el 28% del total del personal, se ha incrementado en 184 personas.Estas mutuas no han declarado ni una sola muerte por accidente laboral en todo 2006 (año del estudio), año en que el índice de accidentes mortales en España (1.255) era el doble de la media en la UE. También ocultan las enfermedades profesionales, fuente de 10 veces más mortalidad que los accidentes laborales. La razón es sencilla. Así evitan la obligación legal de pagar una pensión laboral, que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social, a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador muerto. La atención médica se rige por dar el alta rápidamente a los accidentados y negar la enfermedad profesional a los trabajadores (que son tratados en la sanidad pública) mientras sus directivos saquean impunemente las arcas de la Seguridad Social, el dinero de todos.Eso sí, en 2008 la Seguridad Social tuvo que poner freno a algunos salarios exorbitantes de los gerentes y altos cargos de las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales que perciben de las cuotas de los trabajadores: se trata de directivos de Mutua Universal, Asepeyo, Fraternidad-Muprespa y Umivale. El que era entonces gerente de Mutua Universal, Joan Aicart, superaba los 600.000 euros al año. Recibía hasta 3.000 euros por cada reunión de la junta directiva o del consejo a las que asistía además de otro tipo de dietas. A su sucesor se le limitó a poco más de 200.000 euros anuales, cantidad superada en 2008 por Jorge Serra, gerente de Asepeyo (245.000 euros en 2008) o Fernando Eguidazu, gerente de Fraternidad-Muprespa (240.000 euros). Además de los gerentes, los sueldos de altos cargos sobrepasan habitualmente los 150.000 euros en Fraternidad-Muprespa, Asepeyo o Balear y de más de 100.000 en Ibermutuamur, Fremap o Intercomarcal. Eso sí, el Ministerio de Trabajo asume que las cantidades reflejadas en la liquidación de los presupuestos son inferiores a las retribuciones reales de los gerentes ya que obtienen "otros ingresos extrapresupuestarios" y cargan gastos como hoteles, colegios o automóviles. La Seguridad Social conminó a las mutuas para que limitara la compra de vehículos de alto standing por leasing.El papel de estas mutuas y su relación con la seguridad social, según el estudio del Observatorio Laboral de la Universitat Pompeu Fabra, coordinado por el profesor Vicenç Navarro, es singular, por no decir sangrante. Unos dos millones de personas padecen en España alguna enfermedad como resultado de su trabajo, pero las cifras oficiales sólo reconocen 30.000 casos anuales. Además, los autores del estudio sostienen que cada año mueren en España 16.000 personas como consecuencia de enfermedades contraídas en su lugar de trabajo, pero que estas no son registradas como muerte laboral. Esta ocultación de datos supone que los costes sanitarios que deberían asumir las mutuas laborales recaigan en la sanidad pública, y que el 14% del presupuesto en salud pública de la Comunidades Autónomas sea para atender estas patologías. La UPF estima que este fraude alcanza los 82.000 millones de euros anuales. Las cifras del último informe del Tribunal de Cuentas se quedan cortas.