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Cataluña es una de las CCAA que hace frente ahora a una peor situación epidemiológica en la segunda oleada del Covid. Y lo hace con una Sanidad pública deteriorada con falta de medios humanos y materiales, fruto de años y años de recortes en gasto público. Entre 2014 y 2018 (último del que se tienen datos) hubo en Cataluña una caída del 8,8% del gasto social por habitante, justo cuando la mayoría de comunidades, fruto de la relativa mejoría económica, mejoraba ese indicador. Esos recursos públicos se fueron al «procés».
Cataluña ya venía sufriendo recortes antes del procés. Durante la primera legislatura de Artur Más (2010-2014), la comunidad catalana destacó como la región española que más redujo el gasto en salud, educación y servicios sociales marcando una rebaja de un 20%, o lo que es lo mismo, un recorte de 3.328 millones de euros.
Pero el procés aceleró y acentuó esa tendencia. En promedio, de 2014 a 2018 el gasto social de las autonomías aumentó un 14,8%. El de Cataluña siguió cayendo casi 9 puntos más, debido a un auténtico desagüe para los recursos públicos, necesarios para el bienestar de la mayoría y más en tiempos de pandemia. Ese agujero negro no es otro que los planes rupturistas de la burguesía burocrática catalana.
Ahora, las necesidades de la crítica situación han obligado a la Generalitat a aprobar en abril un aumento en el gasto social de 3.000 millones, 900 de ellos para el sistema sanitario. Pero el daño del procés en la Sanidad -en cierre de plantas de hospitales, de centros de atención primaria y consultas, y en despido de personal- ya está hecho.