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Miles de sudafricanas se manifestaron el pasado 21 de noviembre, un día antes de la Cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo, denunciando la intolerable situación de violencia contra las mujeres que viven en ese país. Según la ONU, la tasa de feminicidios en Sudáfrica es cinco veces superior a la media mundial. Las cifras hablan por sí solas. Cada día son asesinadas 15 mujeres y la policía registra unos 117 casos de violación.
Las manifestaciones fueron organizadas por el movimiento Women for change (WFC), que en enero del 2025 lanzó la mayor petición de Sudáfrica contra la violencia de género. Como indican en su página web “es un movimiento nacido de las voces de las supervivientes, la movilización nacional y la solidaridad global. La campaña superó el millón de firmas, desencadenó un Movimiento Morado mundial y condujo al histórico Cierre de las mujeres del G20.”
Tras esto, el gobierno sudafricano ha declarado la violencia de género y el feminicidio como desastre nacional. Celebramos esta victoria para las mujeres y niños en Sudáfrica. Significa un paso adelante para atajar esta lacra social cuyas secuelas son devastadoras.
Sin embargo, no está todo hecho. Según Sabrina Walter, fundadora y directora ejecutiva de Women for Change “una declaración no significa nada sin una implementación rápida, presupuestos dedicados, estrategias coordinadas de prevención y rendición de cuentas”. Y saben de lo que hablan.
Ya en 2020, el gobierno de Sudáfrica lanzó su Plan Estratégico Nacional sobre violencia de género y feminicidio, prometiendo una reforma profunda. Pero en los hechos, cinco años después, no hay objetivos vinculantes, presupuestos o rendición de cuentas. Es decir, promesas grandilocuentes que quedan en saco roto. Las consecuencias las vemos en las estadísticas. Pero los números son fríos, la vida de estas mujeres y niños no.
Ante esto, desde Women for change proponen una dirección muy interesante. Ponen el punto de mira en que la sociedad civil participe en los procesos de toma de decisiones. No sólo es necesario arrancar promesas gubernamentales plasmadas en leyes y medidas. Es imprescindible la participación de las mujeres afectadas en la toma de decisiones para esas leyes. Y se hace forzoso el seguimiento de la sociedad en la ejecución de las mismas.
Esa sí es una alternativa para acabar con esta herida abierta que recorre la tierra. Establecer mecanismos de decisión y de control por nuestra parte es cada vez más urgente. Se estima que alrededor de 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por familiares en 2024. Esto es, en el mundo, 137 mujeres y niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia. Y África registra las tasas más altas de este mal.
No dudamos que la intención gubernamental puede ser buena, pero si el problema no solo no cesa sino que crece por no llevar adelante los mecanismos necesarios, hablemos claro. Ahí el Estado se convierte en cómplice de la violencia de género y el feminicidio.
No es posible dejar la resolución de los problemas en manos de quienes no los sufren. Dotarnos de capacidad de decisión y control a la ciudadanía sobre nuestros asuntos es la única alternativa eficaz. Que las mujeres decidamos las medidas contra el feminicidio es esencial. Nos va la vida en ello.