El gobierno silencia a los indí­genas a sangre y fuego

Mientras el gobierno hace desaparecer los cadáveres, para ocultar pruebas, la ministra de Justicia solo reconocí­a 3 indí­genas muertos y 11 policí­as y a la vez emití­a una orden de detención contra el lí­der indí­gena Alberto Pizango. La realidad del genocidio cometido por el gobierno del sátrapa Alan Garcí­a se va conociendo gracias a los testimonios de periodistas y organizaciones de derechos humanos la cifra puede ser muy superior a 40 indí­genas muertos y 169 heridos.

El gobierno ordeno un salvaje oerativo militar contra los indí­genas que cortaban una carretera en contra de las nuevas leyes que ha impuesto el gobierno de Alan Garcí­a Perez, para cumplir con los mandatos que el tratado de» libre comercio» con EE UU impone para el libre saqueo de los recursos naturales por sus multinacionales. Alan Garcí­a de reconocida trayectoria como genocida y corrupto. En la memoria de los peruanos está la matanza de los penales de Lima o el infame comando «Rodrigo Franco», un escuadrón de la muerte formado por el gobierno de Alan Garcí­a en su anterior gobierno, que utilizo la escusa de la guerra antisubversiva, para hacer desaparecer a dirigentes sindicales, estudiantiles en la década de los ochenta. Fujimori no es el único genocida que queda por juzgar en Perú. A la hora de defender los derechos de los monopolios y la oligarquí­a vendepatrias de Perú, Alan Garcí­a Pérez y su partido el APRA, desvelan su autentica cara genocida y fascista.El lí­der de los indí­genas, Alberto Pizango, pasó ayer a la clandestinidad luego que se emitiera una orden de captura en su contra. Se especuló que éste habí­a viajado a Bolivia, pero dirigentes de la organización indí­gena aseguraron que Pizango, quien está acusado de rebelión y de incitar a la violencia, permanecí­a en Lima. En Bagua, lugar de la matanza, se impuso un toque de queda entre las tres de tarde y las seis de la mañana. Las comunidades indí­genas denunciarán al gobierno de Alan Garcí­a ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Los indí­genas amazónicos, que suman unos 350 mil, se levantaron contra el gobierno hace dos meses exigiendo la derogación de nueve leyes dictadas por el gobierno en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos. Estas leyes facilitan el ingreso a la Amazoní­a de las transnacionales petroleras y mineras y la venta de amplias extensiones de bosques a compañí­as madereras y empresas dedicadas a la producción de biocombustibles. Las comunidades nativas reaccionaron en contra de este paquete legal por considerar que afectan los derechos sobre sus tierras y amenazan el ecosistema de la Amazoní­a, donde viven.Estos enfrentamientos son resultado de un conflicto entre indí­genas de la selva y el gobierno de Alan Garcí­a, a causa de la explotación de las riquezas petroleras. Inmensas reservas han sido descubiertas en años recientes en la región. Unmilagro, según el presidente Garcí­a, que multiplican las iniciativas favorables a su explotación por las empresas extranjeras, incluido Perenco, un grupo franco-británico. Esto tiene consecuencias trágicas para las comunidades de cazadores-recolectores que obtienen sus recursos del bosque y de los caudales de agua.Los indí­genas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se han movilizado contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital y, después de varias semanas, la tensión no termina. Ellos han recibido el apoyo de numerosos sectores de la población en todo el paí­s. Antes de los acontecimientos de los últimos dí­as, una movilización general habí­a sido programada para el jueves 11 de junio. El gobierno manifestó su voluntad de pasar a toda costa, de abrir la ví­a a las compañí­as, burlándose de los derechos reconocidos a las comunidades desde los años 1970 (por parte del gobierno militar progresista de Juan Velasco Alvarado), protegidos por las convenciones de Naciones Unidas.Varios gobiernos latinoamericanos le han tomado la medida al problema y se esfuerzan por avanzar hacia las soluciones negociadas. Ese es el caso de Bolivia, donde el presidente indí­gena Evo Morales ha renacionalizado las reservas de hidrocarburos y renegociado con las empresas extranjeras las condiciones de su explotación, a fin de asegurar una redistribución más equitativa de los beneficios, notablemente por medio de programas de desarrollo, de educación y de salud para las poblaciones que lo requieren. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha propuesto, en tanto, congelar la explotación de una región entera de la Amazoní­a por razones ecológicas y a cambio de contrapartidas financieras de parte de la comunidad internacional. En Brasil, una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia ha venido a confirmar una orden del presidente Luiz Inacio Lula da Silva que reconoce un inmenso territorio de los grupos indí­genas en el norte de la Amazoní­a y frena así­ la penetración de buscadores de oro o de traficantes de madera (en total, 13 por ciento de la superficie de Brasil está hoy constituida como territorio indí­gena).»Si estas leyes se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua, madereras, productoras de biocombustibles, y en el mediano horizonte la Amazoní­a estarí­a destruida y los pobladores indí­genas convertidos en proletarios. La lucha contra estas leyes es una lucha por la supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura», le señaló a Página/12 Róger Rumrrill, uno de los más importantes investigadores sobre la Amazonia peruana.Los nativos acusan al gobierno de haber dictado estas leyes sin consultarles, como exige el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que las comunidades nativas sean consultadas antes que se emita una norma legal que las afecta. Esta omisión convierte estas leyes en inconstitucionales. El gobierno ha admitido la omisión, pero insiste en mantener la vigencia de las leyes, a pesar que una comisión del Congreso y la Defensorí­a del Pueblo se han pronunciado por su inconstitucionalidad. El gobierno ha señalado que la derogatoria de estas normas legales pondrí­a en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indí­genas, y el conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre, luego de que el gobierno ordenara a la policí­a reprimir a los nativos a sangre y fuego.