Cargando...En Perú se libra una lucha cuyo desenlace marcará al resto de pueblos indígenas de la región. De manera paradójica y con el derecho en su favor, se enfrentan, una vez más, al poder del Estado que los ignora y los subordina a los intereses de las multinacionales y los tratados de «libre comercio» con EE UU y la UE. El pasado 9 de abril 60 pueblos amazónicos iniciaron una paralización pacífica exigiendo la derogación de los decretos legislativos que tienen relación con los territorios, recursos hídricos y asuntos forestales. Se permitirán la tala indiscriminada de árboles, la privatización de recursos naturales y la contaminación del ambiente a través de la exploración y explotación de hidrocarburos.
Dirigentes indígenas eruanos iniciaron este martes un diálogo con el Gobierno, que les prometió «matar» las leyes que afectan a los pueblos amazónicos, decretos que han rechazado y por los cuales se mantienen en protesta desde el pasado nueve de abril, y exigen de su derogación. «La presidencia del Consejo de Ministros y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) acuerdan revisar cada uno de los decretos legislativos en cuestión, y reitero que mataremos aquellos artículos de los decretos que se supone les afectan», anunció el primer ministro de Perú, Yehude Simon, en rueda de prensa conjunta con el presidente de Aidesep, Alberto Pizango.El líder indígena, Alberto Pizango manifestó que trataron «de manera muy consensuada los diferentes problemas de los pueblos indígenas», pero consideró que tal labor les tomará «corto, mediano y largo plazo». El primer ministro de Perú, le dijo a los representantes del movimiento indígena que deben informar qué partes de las cuestionadas leyes les afectan y «la cambiamos de inmediato: se hace la corrección o se elimina ese artículo».En respuesta, Pizango, líder de mil 350 comunidades amazónicas, instó a los nativos a creer en la palabra del Ejecutivo. «Tengan confianza de que ya iniciamos hoy (martes) y que vamos a llegar a soluciones perdurables, confiables y que va a permitir que verdaderamente los pueblos seamos actores de nuestro propio desarrollo como ciudadanos, como peruanos en el país», manifestó.Sin embargo, mientras no se deroguen los decretos que atentan contra los derechos constitucionales de los indígenas, continuará paralizada la Amazonía, según aseguró Pizango. En respuesta, el primer ministro de Perú enfatizó que al persistir el paro, que afectan las actividades económicas de la Amazonía, también se mantendrá el estado de emergencia que impuso el Ejecutivo desde el pasado 9 de mayo, cuando se cumplía un mes de la protesta de los nativos.119 mil dólares en pérdidas diarias es lo que ha reportado PetroPerú desde hace más de un mes, cuando las estaciones de bombeo 5 y 6 fueron tomadas por más de tres mil nativos en protesta por los decretos que atentan contra la Amazonía. Entre los reglamentos que rechazan cerca de 60 etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.Los nativos han insistido en que esta legislación vulnera sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile. Con respecto a la denuncia de la fiscalía que recibió Alberto Pizango, por llamar a «desobedecer al Presidente» y hacer obligatorias las leyes ancestrales en los territorios amazónicos, el jefe del gabinete peruano indicó este martes que como «no hay insurgencia, esta denuncia sigue su curso normal y va a desaparecer». «No hay ningún problema de que circulen y hablen libremente, y que esto se archive», agregó.Un respaldo significativo, aparte del conjunto de organizaciones indígenas en el Perú fue el pronunciamiento solidario de los obispos de la Amazonia, quienes cuestionaron el concepto de desarrollo que está detrás de los decretos impugnados y llamaron enfáticamente al presidente de la República al diálogo y a evitar la confrontación violenta.Estas tensas semanas han transcurrido sin que el Estado en conjunto tome nota de la necesidad de atender las justas demandas indígenas. Los manifestantes han recurrido a cerrar tres estaciones de bombeo de la empresa estatal Petroperú, tomaron un aeródromo, bloquearon varios ríos para impedir el paso a embarcaciones petroleras, así como un importante puente en la selva peruana, e incomunicaron el nororiente y la costa norte del país.En respuesta, el gobierno aprista declaró estado de emergencia en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas y los centrales Ucayali y Cuzco, con el consiguiente acoso tanto policiaco como por la Marina, lo que ha generado terror en las poblaciones ribereñas. Por supuesto que este enfrentamiento del movimiento amazónico ya tiene colocadas las acusaciones penales: Alberto Pizango, presidente de de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que lidera el movimiento, está acusado ante la Fiscalía Provincial Penal número 44 por rebelión, sedición y motín contra el Estado peruano.