Cargando...El gobierno ultima el proyecto de ley a aprobar este viernes o próximamente en el cual se plantea la privatización y unificación en un solo ente de las redes de transporte de electricidad y de gas. Con ello se persigue aumentar las sinergias entre los operadores electricos (Endesa, Iberdrola,…) y los de gas (Gas Natural…) con los de la red de transporte. Eso quiere decir que para dinamizar y ahorrar las infraestructuras se invertirá más en las zonas donde haya más consumo y se dejará de invertir en zonas rurales y de bajo consumo, primando los intereses del capital privado (además significativamente en manos extranjeras (Endesa, en Roma; Viesgo, en Düsseldorf y HC, en Lisboa). En
En estos momentos, el caital de REE y el de Enagás están protegidos con limitaciones a los inversores, que no pueden superar el 5%. Además, las operadoras de sus respectivos sectores no pueden ejercer derechos políticos por encima del 1%. Esta protección se justifica no por el transporte, sino por la operación del sistema, una actividad relevante, pues exige total independencia, pero que supone un peso ínfimo en las cuentas de las empresas.Si prospera esta idea de Industria, desaparecería la citada limitación, con lo que REE y Enagás, sólo como transportistas, ‘serían fácilmente opables, pues la prima negativa de esa limitación desaparece’. Quieren a un gestor de la red débil, sin la fortaleza que le da el tener en sus manos el transporte. Esto les permite garantizar el suministro.La reforma permite cambiar la red de servicios energéticos adaptándola a las necesidades de las zonas más ricas e industriales e integrando la red en la de los países de la Europa central. El aislamiento energetico del país puede cambiar y optimizars también de cara a los suministradores de energía extranjeros del norte de Africa, de las centrales nucleares y de las conexiones fronterizas. Tam sólo hay que opar a REE y ENAGAS, tanto el SEPI como el gobierno les dan la bienvenida. España está en venta y el centro cada vez está más fuera de Madrid. Una inversión prevista de 9600 millones de euros en infraestructuras marcan la diferencia.