El Gobierno estudia no actualizar las pensiones futuras con el IPC

La suspensión del artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social que decidió el Gobierno en el último Consejo de Ministros, y que permitía la revalorización de las pensiones con el IPC, es temporal. Sólo tiene validez para 2012. El posible cambio para las pensiones futuras se abordará en la propuesta que hará el Ejecutivo sobre el desarrollo del nuevo factor de sostenibilidad del sistema; y que será enviada en los primeros meses de 2013 para su debate en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.Es decir, además de fijar una serie de parámetros, como la situación de economía, las cuentas, el déficit o la evolución de las cotizaciones, para poder realizar ajustes permanentes en el sistema (reformas), el Ejecutivo propondrá desindexar las pensiones a la evolución del IPC, tal como exige Bruselas, y «en línea con lo que están haciendo otros países», señalan fuentes oficiales. Hoy día, sólo algunos países europeos, por ejemplo Reino Unido, Francia, Italia, Austria o Bélgica, vinculan la evolución de las pensiones a los precios.La decisión del Gobierno de suspender la revalorización de las pensiones en 2012, así como la modificación de la ley que regula el Fondo de Reserva para realizar otro nuevo rescate (4.000 millones) fue ayer objeto de un duro enfrentamiento en la Comisión del Pacto del Toledo. Todos los grupos parlamentarios de la oposición coincidieron en acusar al Ejecutivo de «mentir», por haber anunciado que iba a cumplir la ley para revalorizar las pensiones, y de no informar a esta Comisión de esta decisión antes de ser aprobada por decreto por el Consejo de Ministros. El PSOE pidió la comparecencia de Rajoy y denunció que la reforma laboral está facilitando los despidos y la reducción de recaudación por la caída de los sueldos. Mientras, ICV pidió al Gobierno «una alternativa fiscal» para que el Estado, que se ha beneficiado durante muchos años de las arcas de las pensiones, aporte ingresos a la Seguridad Social durante la crisis. Y, por ejemplo, el PNV, advirtió de la posible inconstitucionalidad de esta inaplicación de la revalorización, ya que el Gobierno ha suprimido un devengo de paga que se ha generado desde enero.Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aclaró que la decisión de no revalorizar se tomó ante «la evolución del déficit público y tras conocerse el IPC adelantado (2,9%)». «Ni siquiera hemos esperado a conocer el IPC definitivo», que se publicará el próximo día 13. «Lo hemos hecho cuando hemos tenido toda la información», matizó. Báñez argumentó que la no actualización, junto a la subida de un 2% en 2013 para las pensiones por debajo de los 1.000 euros (y de un 1% para las que superen esta cantidad), y la del nuevo rescate del Fondo de Reserva «son las decisiones sensatas que requiere el país en estos momentos». La ministra argumentó que el descenso de 2,9 millones de afiliados desde que comenzó la crisis está detrayendo 4.163 millones anuales de ingresos a la Seguridad Social y que los aplazamientos a las empresas están suponiendo «tensiones de liquidez» al sistema de 2.400 millones. «Hemos agotado todas las herramientas para hacer frente al pago de las pensiones» señaló para justificar el libre rescate del Fondo de Reserva hasta 2014, que servirá para cubrir «sólo el déficit que generen las pensiones contributivas y que determinará la Intervención General del Estado», dijo. También denunció la herencia recibida: 40.000 millones de gastos impropios por la lenta actualización del pago por parte del Gobierno anterior del complemento de mínimos y, por ejemplo, las cotizaciones de la Ley de Dependencia; así como los 14.000 millones del superávit de 2008 y 2009 que no incluyó en el Fondo de Reserva como contemplaba la ley.