Cargando...LA RENUNCIA de Artur Mas a realizar la consulta del 9 de noviembre debería comportar su dimisión automática. Fue él quien se empecinó en un referéndum que sabía que nunca podría sacar adelante, porque no tenía competencias para hacerlo y porque es inconstitucional. Fue él quien decidió que no hubiera ningún otro asunto en su agenda política que no fuera ése, como si los catalanes no tuvieran problemas reales y más acuciantes que votar por la independencia. Y fue él quien firmó de su puño y letra -con gran solemnidad y parafernalia- un decreto de convocatoria que era papel mojado, pues, como no podía ser de otro modo, fue suspendido inmediatamente por el Tribunal Constitucional. Mas ha mantenido hasta el último momento que no tenía otro plan que no fuera realizar la consulta, y lo ha declarado tanto a los medios españoles como a los extranjeros. Querer salir ahora del paso sacándose de la manga una votación alternativa, sin censos y sin ninguna garantía democrática -como el propio Mas ha admitido-, convierte el 9-N en una operación que desprestigia definitivamente a la propia Generalitat.
Por la dignidad de la institución, por coherencia ante sus electores y por seriedad ante el resto de la sociedad, Mas debería asumir su responsabilidad política y marcharse a casa. No parece dispuesto a hacerlo. Ayer trató de echar una cortina de humo con un discurso beligerante en el que acusó al Gobierno de «agresión» y animó a los independentistas a unirse contra «el adversario real»: «No nos confundamos en Cataluña de adversario, lo tenemos a unos cientos de kilómetros de distancia. Se llama Estado español», dijo.
La estrategia de Mas pasa por organizar un nuevo modelo de consulta, manteniendo las dos preguntas que estaban previstas para, después, convocar elecciones. Dado que ERC se siente ya ganador y no accede al propósito del president de hacer una candidatura independentista conjunta, éste está decidido a llevar su pulso hasta el final para forzar a los republicanos a sumarse a esa fórmula y, en último caso, para frenar la sangría de votos que padece CiU.
El «proceso participativo» que plantea Mas es tan ilegal como la consulta, pero es una fórmula con la que trata de sortear su prohibición, pues podría ir alimentándola hasta la víspera y convocarla con 24 horas de antelación, sin necesidad de firmar hasta entonces decreto alguno. De esa forma dificultaría la impugnación y, desde luego, no daría tiempo a que el Constitucional se pronunciara. La única fórmula para evitar esa votación sería la retirada de las urnas, lo que provocaría escenas de enfrentamiento, la foto que seguramente pretende obtener Mas para mostrar cínicamente ante el mundo que el Gobierno no deja ejercer el voto, por más que sean los soberanistas los que intentan privar de ese derecho al resto de los españoles.
Un indicio de que ha podido pactar ese escenario con Esquerra Republicana es que Oriol Junqueras dio ayer marcha atrás en su reacción inicial de no admitir un sucedáneo de consulta y se comprometió a «ayudar» al Govern. Lo hizo además con argumentos similares a los del líder de CiU, acusando al Gobierno y a «los partidos españoles» de ser los «enemigos de la democracia en Cataluña».
El Gobierno, tal y como hoy informamos, está dispuesto a actuar contra Mas por fraude de ley si consuma su desafío. En ese caso, el presidente de la Generalitat sería sujeto de inhabilitación por desobediencia. El Gobierno de Rajoy debe mantenerse firme, pero sobre todo debe ser hábil, para contrarrestar la «astucia» de la que tanto presume Mas, e impedir que logre su propósito de vulnerar la ley a base de artimañas.