Cargando...EL PRESIDENTE del Gobierno no va a tomar la iniciativa para reformar la Constitución, pero se mostró ayer partidario de emprender ese camino, en su primera comparecencia pública tres días después de la pseudoconsulta de la Generalitat. Dijo a Artur Mas que «la fórmula legal» para solucionar el problema catalán es «plantear una reforma de la Constitución, traerla a las Cortes y que todo el mundo la debata». En el mismo sentido se dirigió al PSOE, en quien descargó la iniciativa de esa modificación de la Carta Magna. Aunque debería corresponder al Gobierno liderar ese proceso, es positivo que Rajoy por fin se muestre receptivo a llevar a cabo los imprescindibles cambios constitucionales que necesita la España actual, y los grupos políticos deberían aprovechar el ofrecimiento del presidente. Nadie duda ya de que el Parlamento que surja de las próximas elecciones será mucho más fragmentado y, por tanto, menos proclive a consensos que el actual. Hoy, los dos partidos en los que se basa la gobernabilidad de España cuentan con el 84% de la Cámara. Es una incógnita a cuánto ascenderá ese porcentaje después, pero la última encuesta del CIS lo situaba en el 51%.
Rajoy se equivocó en su análisis de la participación ciudadana el 9-N al calificar de «fracaso» la convocatoria. Es cierto que acudió a votar poco más de un tercio de los catalanes que formaban ese censo apócrifo, y que sólo 1,8 millones se manifestaron a favor de la independencia. Pero de ahí no se puede concluir que «dos de cada tres catalanes no hicieron caso a Mas», como afirmó el presidente, porque la realidad es que el 69% del Parlamento catalán está formado por partidos que apoyan el proceso soberanista.
Desde el punto de vista de la estrategia política, el Gobierno tiene tres posibilidades de enfrentarse a los hechos. La primera es no hacer nada y dejar que pase el tiempo. La segunda, aplicar el artículo 155 de la Constitución si considera que la Generalitat desobedece las leyes, lo que significaría retirarle las competencias legislativas. Y la tercera, plantear con los grupos políticos esa reforma constitucional. Las dos primeras no son deseables: enquistar el problema no lo arregla, como tampoco la aplicación de soluciones maximalistas que, en la práctica, lo único que iban a lograr sería extender en buena parte de la sociedad catalana -también la no independentista- la animadversión hacia el Gobierno central.
El diálogo político para reformar la Constitución es el camino más realista hoy en día para asegurar el futuro de Cataluña dentro de España. Un diálogo en el que, y no es contradictorio, PP y PSOE al unísono deben trazar una línea roja innegociable: la soberanía nacional y la unidad de España no están sometidas a discusión. Por esa misma razón, el Gobierno no puede aceptar el «referéndum definitivo» que Mas lleva pidiendo desde el mismo 9 de noviembre por la noche: sencillamente porque es ilegal.
Ese debate sobre la reforma de la Carta Magna en el que debería participar también el soberanismo catalán no es incompatible con las iniciativas judiciales que prepara con toda legitimidad la Fiscalía del Estado contra las autoridades que presuntamente han desobedecido al Tribunal Constitucional. Una cosa es buscar entre todos soluciones para el futuro de España y otra exigir responsabilidades a quienes han incumplido la legislación en el pasado.
Pero dentro de la ley hay un inmenso campo de negociación en el que tienen que participar todas las fuerzas políticas que quieran incorporarse a él, porque lo ideal sería conseguir un consenso similar en esta posible reforma de la Constitución de 1978. Un proceso que debería estar liderado por el Ejecutivo.