Cargando...Tras los resultados del 10N, una nueva batalla se ha abierto en nuestro país. Entre si se va a formar un gobierno progresista que atienda, aunque sea parcialmente, las demandas de la mayoría social y de las clases populares. O si, por el contrario, las oligarquías financieras van a frustrar nuevamente ese intento y a forzar una situación más favorable a sus intereses.
Las clases dominantes -la oligarquía financiera del Ibex35 y sobre todo los centros de poder internacionales con Washington a la cabeza- buscan un gobierno que les permita profundizar lo máximo posible en un proyecto de saqueo contra el 90% de la población, que dista mucho de haber sido culminado. La llegada de una nueva recesión económica trae de nuevo las mismas «recetas» que en la anterior crisis aplicaron estos centros de poder: más recortes, más empobrecimiento y más precariedad para la gran mayoría, para que ellos, los banqueros y monopolistas, puedan «socializar pérdidas y privatizar beneficios».
Esos centros de poder buscan un «gobierno de los recortes», cuya mejor opción sería un ejecutivo de derechas encabezado por un PP de Pablo Casado que busca alinearse en plena sintonía con el otro lado del Atlántico.
Pero las urnas -en abril y también en noviembre- han cerrado el paso a esa posibilidad. A pesar de su relativa recuperación -de 66 a 89 escaños- y del impulso de la ultraderecha de Vox (aún más alineada con Trump) que llega a tener 52 escaños en el hemiciclo, a pesar de las peores condiciones -derivadas de la desmovilización y la frustración del electorado progresista por las malogradas negociaciones PSOE-UP de julio y de septiembre- una mayoría social de izquierdas ha vuelto a imposibilitar el gobierno que les gustaría a las clases dominantes. Los votos progresistas han vuelto a trastocar los planes de los que buscan un gobierno de los recortes y el saqueo.
Hasta el punto de que, apenas en 48 horas, las dos principales fuerzas progresistas -PSOE y Unidas Podemos- han conseguido lo que en julio y en septiembre no pudieron, supieron o quisieron: un acuerdo para formar un «gobierno de coalición inequívocamente progresista».
La firma del acuerdo hecha por tierra toda la propaganda de quienes pretenden hacernos creer que son las fuerzas de los grandes poderes económicos nacionales y extranjeros las que se han salido con la suya forzando la repetición electoral y “ganando las elecciones”. No es cierto: la derecha no suma.
Desde estas páginas celebramos y saludamos calurosamente ese acuerdo PSOE-UP, un primer paso en la dirección de formar un gobierno de progreso que pueda cumplir con las demandas y anhelos de la mayoría.
La mayoría social progresista exige que se forme un gobierno sensible a sus demandas y anhelos. Que aplique políticas redistributivas de la riqueza, que eleve salarios y pensiones, que tome medidas contra la precariedad de amplios sectores del pueblo trabajador, que revierta los recortes en sanidad y educación y que garantice y proteja los servicios públicos. Un gobierno que amplíe derechos y libertades y derogue los ataques perpetrados en ese terreno por los gobiernos de Rajoy. Un gobierno que dé pasos decididos en la igualdad real y plena entre hombres y mujeres, que proteja el medio ambiente. Un gobierno que aborde los sensibles temas de la unidad de España desde una perspectiva progresista. Un gobierno que haga eso y mucho más.
Este fue el mandato de las urnas del 28A y sigue siéndolo tras el 10N.
Ahora deben trabajar con prudencia, cautela e inteligencia, y sabiendo que poderosas fuerzas intentarán que descarrile un gobierno progresista.
Fuerzas como las que representa el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, que se declara “consternado”, planteando que “es muy preocupante la incoherencia de Sánchez (…) dijo hace sólo unos meses que con Pablo Iglesias en el Gobierno no podría dormir el 95% de los españoles y ahora no le veta y le parece bien”. Afirmando que “este acuerdo habla de las pymes pero no de la gran empresa”. Y asegurando que “el PSOE debía intentar acuerdos a la alemana con el PP”.
Pero sobre todo los centros de poder extranjeros, que necesitan un gobierno en España que no ponga trabas y obstáculos a proyectos como el de la degradación paulatina y la privatización posterior del sistema público de pensiones.
La batalla por la formación de un gobierno progresista tiene ahora -tras el cambio de actitud de sus dos socios, PSOE y Unidas Podemos- mejores condiciones para culminar con éxito la investidura. Lo tenemos al alcance de la mano.
Ambas formaciones suman 155 escaños. A los que no tendrán obstáculo en sumar los 3 de Más País (158). No parece que sea imposible negociar con PNV, el grupo canario, el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria o con Teruel Existe su apoyo a la investidura, alcanzando los 168 escaños, a solo 8 de la mayoría necesaria (176).
La dificultad está en sumar, sea con voto afirmativo o con la abstención, bien a ERC o a Ciudadanos. Una opción que el partido naranja debería sopesar si quiere volver al centro político, demarcarse de PP y Vox, y evitar -como tantas veces han dicho querer hacer- que el gobierno de progreso en la Moncloa tenga deudas pendientes con el independentismo procesista.
Pero el camino a la investidura está lleno de francotiradores. Habrá de afrontar, en las próximas semanas, no pocas ni pequeñas amenazas, presiones y maniobras.
La mayoría social y las clases populares debemos estar vigilantes. No podemos permitir que, otra vez, nos arrebaten de las manos un gobierno de progreso. Es obligatorio aprovechar ahora esta oportunidad.