Cargando...EL MINISTRO Luis de Guindos reafirmó ayer que el objetivo de todas las medidas de reordenación bancaria es el impulso del crédito. La paradoja del decreto aprobado por el Consejo de Ministros es que ese objetivo se aleja porque las entidades financieras van a tener que realizar nuevas provisiones por importe de 28.000 millones de euros, lo que significa que dispondrán de todavía menos recursos para conceder créditos a sus clientes.Los grandes bancos como Santander, BBVA y CaixaBank van a tener que dedicar una gran parte de sus beneficios de 2012 a cumplir con las exigencias del Ministerio de Economía, pero otras entidades de menor tamaño se verán abocadas a pedir nuevos préstamos al Gobierno o a fusionarse con otras más fuertes. Los altos ejecutivos de la banca española se lamentaban ayer en privado de la extremada dureza del nuevo decreto en unos momentos de graves dificultades para el sector.No hay duda de que el Gobierno ha tomado esta iniciativa con la vista puesta en los mercados y para despejar cualquier interrogante sobre la solvencia del sistema financiero, cuestionado estos días tanto por las instituciones europeas como por influyentes medios internacionales de comunicación. Ello explica que la primera medida adoptada ayer fuera la designación de dos auditores independientes para evaluar la salud de la banca española. Era lo que había pedido Bruselas y lo que el Gobierno ha aceptado en tan sólo 48 horas.Ello supone admitir implícitamente que los stress test y los controles realizados por el Banco de España no son creíbles. El propio ministro habló ayer de la necesidad de «recuperar el prestigio» del órgano regulador, algo muy grave que pone en evidencia que el Gobierno no se fía del actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que no ha consultado este nuevo paquete de medidas (…)
Como dejo ayer muy claro el ministro, las entidades tendrán que sacar esa provisiones de sus beneficios. Y a los que no estén en condiciones de hacerlo, el Gobierno les ofrece dos alternativas: nuevos préstamos convertibles en acciones a cinco años y con un 10% de interés o inyecciones directas de capital, o sea, la nacionalización (…)
EN PLENA crisis por las dudas sobre el sistema financiero español, a la misma hora en la que el Consejo de Ministros estudiaba la nueva reforma del sector, la UE arrojó ayer otro jarro de agua fría sobre el Gobierno al asegurar que España incumplirá su compromiso de déficit por culpa del «excesivo gasto» de las comunidades autónomas. El comisario Olli Rehn ofreció las previsiones de la Comisión, según las cuales, este año el déficit de las cuentas españolas se situará en el 6,4% del PIB y el próximo año llegará al 6,3%. El compromiso de Rajoy pasa por cerrar este ejercicio en el 5,3% y el que viene en el 3%. Bruselas pronostica así un desvío de 11.000 millones de euros, que el responsable económico de la Comisión atribuye en exclusiva a las comunidades. Ello quiere decir que los ajustes y recortes aprobados por el Gobierno no van a ser suficientes para cumplir con el déficit exigido por la UE, cuyas previsiones para el futuro inmediato de la economía española son asimismo muy pesimistas, ya que anuncian una contracción «más dura» que en el resto de la zona euro en el segundo semestre del año. El Gobierno ha quitado importancia al informe de la Comisión, asegurando que no incluye el impacto de las reformas incluidas en el programa de estabilidad.
Lo que en realidad dice Bruselas es que el plan de estabilidad que obliga a las comunidades a reducir su déficit, con la amenaza de intervención si no lo hacen, podría no funcionar. Es evidente que el gasto autonómico descontrolado se ha convertido en el talón de Aquiles de las cuentas públicas y en el principal motivo de descofianza de instituciones internacionales y mercados financieros hacia la economía española. Hasta 13 autonomías tienen su nota rebajada casi al nivel de bono basura y sufren muchas dificultades para acceder a los mercados para financiarse. El Gobierno tiene planeado acudir en auxilio de las comunidades a través de los llamados hispabonos, que no dejan de ser una solución in extremis ante la incapacidad de ordenar el Estado autonómico. El descontrol ha quedado en evidencia tras el último recorte de 10.000 millones de euros decidido por el Gobierno en Sanidad y Educación, dos competencias que gestionan las comunidades. La cifra de ahorro no acaba de cuadrar, ya que País Vasco, Andalucía, Navarra y Canarias han anunciado que no aplicarán -en todo o en parte- las medidas de ajuste. En el caso de Cataluña, lo que se ha anunciado es un recurso por invadir sus competencias. Aunque no son sólo las comunidades gobernadas por partidos distintos al PP. También Galicia o La Rioja han anunciado que no aplicarán algunas de las medidas en materia educativa.Mariano Rajoy estaba en condiciones de haber impulsado una reforma constitucional para reordenar un Estado autonómico que se ha demostrado ineficaz, costoso e insolidario. Algunas de sus últimas intervenciones -como la del Consejo de Estado- van en esa dirección. No debería renunciar a ello porque esa asignatura pendiente no se aprueba a base de parches.