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El Gobierno aplaza hasta la próxima legislatura la rebaja de las pensiones

El Gobierno no aplicará de inmediato el factor de sostenibilidad que provocará un ajuste en las pensiones, contrariamente a lo que ha recomendado el comité de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentará este viernes un informe en el que contempla aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta los últimos años de la próxima legislatura. El Ministerio de Empleo llevará mañana al Consejo de Ministros el informe sobre la reforma del factor de sostenibilidad que ha elaborado a partir del documento que diseñó un comité de 12 expertos en la materia. Esta propuesta se aprobó con un solo voto en contra. Los técnicos de la Seguridad Social ultimaban anoche el nuevo documento, en el que se respetan algunas de las conclusiones, mientras que otras serán muy matizadas. Fuentes oficiales daban ayer por seguro que el nuevo informe planteará que el factor de sostenibilidad no entre en vigor hasta los últimos años de la próxima legislatura. Las siguientes elecciones generales se celebrarán en otoño del año 2015. Los expertos, liderados por el sociólogo Víctor Pérez–Díaz, habían insistido en que el factor de sostenibilidad, que iba a implicar un ajuste paulatino de las pensiones por el aumento de la esperanza de vida de la población, debía entrar en vigor en enero de 2014 para ganar en efectividad. Según sus cálculos, si sigue el actual ritmo de déficit, el fondo de reserva de la Seguridad Social sólo tiene recursos hasta 2019. Sin embargo, el retraso en la aplicación previsto por el Ejecutivo podría contribuir a acercar posturas con los partidos de la oposición de la izquierda y con los sindicatos, que son partidarios de no aplicar ninguna medida que suponga rebajas en las pensiones hasta 2027. Este año estará plenamente en marcha la reforma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, que la totalidad de los españoles se jubilará con 67 años.De todas formas, la fecha elegida está pendiente de los flecos de una segunda reformulación: la del propio factor de sostenibilidad. Los expertos habían optado por una fórmula que se nutre de dos vectores. Por un lado, el denominado factor de solidaridad intergeneracional, que prevé ajustar las pensiones en función de la esperanza de vida de la población; y por otra parte, el factor de revalorización anual, que contempla desindexar definitivamente el importe de las prestaciones a la evolución del coste de la vida que marca el Índice de Precios al Consumo (IPC). En este aspecto, los expertos proponían ligar la revisión de las pensiones a los ingresos y los gastos del sistema. El Gobierno prefiere una fórmula en la que los factores demográficos tengan mayor peso que los económicos. Los técnicos están realizando modelos con varias fórmulas de ajuste macroeconómico. El Ejecutivo desligará a principios de 2014 la revisión de cualquier tipo de prestación, jubilación y sueldo público del IPC, tal y como tiene comprometido con Bruselas. No obstante, no está descartado que el factor de sostenibilidad tenga algún tipo de vínculo con el coste de la vida, que en ningún caso sería el IPC, como sucede en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. Meses atrás, el Ministerio de Economía llegó a plantear que se tuviera en cuenta el denominado IPC a impuestos constantes, es decir, aquel que incluye la mayor parte de las referencias inflacionistas, como los combustibles o los alimentos frescos. El informe que ultiman los técnicos de la Seguridad Social será objeto de estudio antes de que llegue al Consejo de Ministros con el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos, que es quien coordina las relaciones con la Comisión Europea y el resto de ministros de Finanzas de la Eurozona. La reforma del factor de sostenibilidad es una de las principales exigencias que impuso Bruselas al Gobierno para que pudiera ampliar dos años el plazo de cumplimiento del objetivo de déficit. La regulación del factor podría tener una doble lectura en el Eurogrupo: la tramitación del anteproyecto puede interpretarse como un cumplimiento del compromiso adquirido, si bien el retraso en su entrada en vigor también puede ser considerado como una evasiva en su aplicación. Y todo ello en un momento en el que el Bundesbank está incrementado su presión sobre el BCE para que no ayude a los países con problemas de deuda si no aceleran sus reformas.Además de la reforma de las pensiones y de la desindexación de éstas y de los salarios públicos del IPC, el Ejecutivo debe atender durante el mes de septiembre a un informe elaborado por varios expertos internacionales sobre la efectividad de la reforma laboral y estudiar fórmulas correctoras. Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a aplicar una nueva subida del IVA, como le exige Bruselas, y pretende enmarcarlo dentro de una reforma integral del sistema tributario, para el que ya ha elegido un nuevo comité de expertos dirigido por el catedrático Manuel Lagares. En teoría, el informe que elaboren y sobre el que debe legislar el Gobierno debería estar finalizado en la primavera del próximo año.

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