Cargando...El Gobierno prepara un nuevo cambio en las pensiones. Quiere acabar con la estrecha y exclusiva vinculación entre la evolución de las pensiones y los precios. exclusiva vinculación entre la evolución de los precios y las pensiones que garantiza el poder adquisitivo de estas últimas. Para hacerlo, apuntan fuentes gubernamentales, recurrirá al factor de sostenibilidad, un instrumento contemplado en la reforma de pensiones de 2011 todavía por desarrollar legalmente. Y mientras esta modificación se cocina en el Ministerio de Empleo, el Congreso analiza las propuestas de reforma de la jubilación parcial y anticipada que el Gobierno presentó a finales de octubre. La oposición teme que el Ejecutivo imponga un trámite rápido y que estos cambios entren en vigor el 1 de enero, al mismo tiempo que la reforma, aprobada en julio de 2011, del Gobierno de Zapatero.
La Ley General de Seguridad Social, ahora, garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Aunque esta frase, en 2011 y 2012, puede sonar a una ironía con poca gracia. Tanto el año pasado como este las pensiones se han devaluado después de que los Gobiernos —el de Zapatero y el de Rajoy— suspendieran mediante un decreto ley la citada norma.
El factor de sostenibilidad es un elemento clave de la reforma de pensiones del Gobierno socialista, que entrará en vigor el día 1 de enero. Tenía que estar definido en 2027 y actuar por primera vez en 2032. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha comprometido a desarrollar este factor cuanto antes. En cambio, en el Ministerio de Empleo no aclaran cuando prevén que entre en vigor.
Según la reforma de 2011, cada lustro el factor de sostenibilidad revisará en función de la esperanza de vida los principales parámetros de acceso a la jubilación y la cuantía definitiva de la pensión: edad, periodo de cómputo, años de cotización necesarios y revalorización anual. Precisamente, este último parámetro es el que da cabida a la aspiración del Ejecutivo.
Si estos planes estuvieran en marcha ya el año que viene, el Ejecutivo evitaría el debate vivido este año acerca de si actualizan o no las pensiones en función del IPC de noviembre. Un capítulo que vivió ayer sus últimos compases cuando todos los grupos parlamentarios acordaron recurrir al Tribunal Constitucional la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones tras entrevistarse durante dos días con delegaciones de UGT y CC OO.
Porque este punto —la ruptura de la relación exclusiva entre precios y pensiones— parece que es el único claro, o al menos el que ha trascendido, en los borradores que prepara el Gobierno, y que enviará al Congreso en el primer semestre de 2013.
Por lo que respecta a la reforma de la jubilación anticipada y la parcial, ambas están ya en el Congreso. Concretamente, en el primer caso lo que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, propone es el aumento de la edad mínima para acceder al retiro voluntario hasta los 65 años, un número mínimo de cotizados más alto y mayores coeficientes de reducción. En el caso de los trabajadores afectados por despidos, la edad mínima podría adelantarse a los 63 años.
Defiende el Gobierno que no tendría sentido que el próximo 1 de enero entrara en vigor la reforma de pensiones de Zapatero, que prevé elevar la edad de jubilación de los 65 años actuales hasta los 67 en 27, sin que también estuviera listos los cambios en el retiro parcial y anticipado. De ahí que la oposición, en conjunto, tema un paso rápido de las propuestas por el Congreso y una aprobación por la vía del decreto en 2012, extremo que la Seguridad Social ni confirma ni desmiente.
El objetivo de esta reforma y del factor de sostenibilidad es aumentar la edad real de jubilación (63,8 años) para acercarla a la legal (65). Con este compromiso, el Ejecutivo evitó en verano reducir el periodo transitorio por el que se retrasará la edad legal a los 67 en 2027, como exigía Bruselas.