El fraude fiscal de las grandes empresas triplica el de las pymes

Frente a la creencia generalizada de que los grandes defraudadores de nuestro país se encuentran en el sector de autónomos y pymes, los datos oficiales y reconocidos por el Gobierno respecto a la evasión fiscal en nuestro país son claros: el 72% de la desviación de impuestos en España es cometida por grandes corporaciones como Yahoo, Google, Apple o Facebook entre otras.

Este porcentaje triplica las cifras relativas al fraude reconocido para los autónomos y pymes, con apenas un 8,6% del fraude total para los primeros y del 17% para las empresas pequeñas y medianas. Colectivos estos que suponen el 97% de nuestro tejido empresarial.

En este sentido uno de los mayores culpables en el fomento de la aplicación de sistemas de «planificación fiscal agresiva» (término empleado por el propio Ministerio de Hacienda) es el vigente Impuesto de Sociedades que recoge una serie de posibilidades que permiten a las compañías de mayor tamaño beneficiarse de exenciones fiscales de difícil acceso para autónomos y pymes, tales como la inversión en I+D (investigación y desarrollo) o las Etves (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros).

A pesar de que en la actualidad el tipo nominal en el Impuesto de Sociedades se sitúa para las grandes empresas en el 30% y para pymes y microempresas en el 25%, según datos aportados por Gestha (Sindicato del colectivo de Técnicos de Hacienda), el primero pasa en la mayor parte de las ocasiones a colocarse incluso entre el 11 y el 17% gracias a la ingeniería financiera legal que desarrollan estos gigantes y que les permite el máximo aprovechamiento de ventajas fiscales e inclusive «pasar los límites legales con subterfugios de evasión fiscal en paraísos fiscales».

Pocos inspectores

Desde Gestha se han denunciado estas prácticas así como su afectación directa en el sector de los autónomos y pymes, ya que la escasez de efectivos especializados y la falta de un sistema único y regulado de intercambio de información económico y fiscal entre los distintos países de la UE, «les limita» a la investigación de autónomos y pequeñas empresas con ventas por debajo de 5,7 millones de euros.

Para ello, el sindicato ha propuesto cinco medidas esenciales que, según sus estudios, reducirían en 10 puntos la tasa de economía sumergida de nuestro país y una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales, entre las que destacan la creación de un Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda (CSTH) que autorice a más de 8.000 profesionales a investigar las grandes bolsas de fraude y la reforma de la normativa fiscal, especialmente en lo relativo a las exenciones fiscales que en su mayor parte son empleadas y optimizadas sólo por las grandes compañías.

Juan José de los Mozos, Presidente de Asefiget (Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios) se define en la misma línea y afirma que «se necesitan mecanismos de ajuste que regularicen y faciliten el control de las inversiones y movimientos de las grandes empresas que entretejen sistemas en los que intervienen hasta cuatro sociedades diferentes». Añade que «gran parte de la presión fiscal soportada por autónomos y pymes tiene que ver con la falta de capacidad de éstos para la aplicación de las bonificaciones regladas por nuestra sistema fiscal».

Por otro lado, las principales asociaciones de autónomos de nuestro país también tienen voz y voto y coinciden en que «no se puede llamar fraude a la economía de supervivencia a los que muchos autónomos se ven abocados dada la situación actual».

El fraude habla en ‘gaélico’

Según Carlos Cruzado, presidente de Gestha, «la mayor bolsa de fraude está en las grandes empresas que residencian sus beneficios en paraísos fiscales o países con baja tributación como Irlanda», cuyo tipo impositivo es de sólo un 12,5%.

Curiosamente la mayor parte de las entidades que dedican una buena parte de sus ‘recursos’ a investigar nuevas vías de evasión de impuestos’ son aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías, comunicación y redes sociales, entre las que se encuentran Apple, Google, Yahoo o Facebook, que se añaden a una lista en la que figura la reconocida Microsoft, con un proceso de inspección abierto por nuestro fisco en el que se les reclama 11,9 millones de euros por presuntas irregularidades en el Impuesto de Sociedades de 2004 y 2005.