El FMI anuncia otro recortazo

“El documento, elaborado tras la visita que realizaron los economistas del organismo al paí­s, cuando se rumoreaba la posibilidad de un rescate financiero a España, alerta de que el Gobierno tiene por delante “graves” desafí­os, y que hacen falta más medidas para reducir el déficit y la deuda. También pide que se “refuerce” la reciente reforma laboral.”

El documento vuelve a oner a España en el punto de mira de los mercados: recuerda que si los planes fiscales no logran alcanzar el ambicioso objetivo de consolidación fiscal que exige Bruselas de aquí a 2013, “el impacto en el resto de Europa y en el mundo podría ser considerable”. A juicio del FMI, España sólo logrará reducir los números rojos de las cuentas públicas hasta el 7% del PIB en 2011, un punto más de lo que prevé Salgado. Esta peligrosa brecha se ampliaría en los años sucesivos. El informe también considera que la deuda podría llegar hasta el 85% del PIB, muy por encima de lo que dice Economía. (EXPANSIÓN) EL PAÍS.- La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre ha derribado las expectativas del Gobierno sobre una pronta estabilización del mercado laboral. El paro ha aumentado en 32.800 personas entre abril y junio, estropeando así los descensos en el desempleo que registraron las oficinas del Ministerio de Trabajo durante los meses de mayo y junio; la tasa de paro ha crecido en cuatro centésimas, hasta el 20,09%. El balance es malo; hay ya 4.645.000 parados en España y no se aprecia pulso laboral para crear empleo a corto plazo. EL MUNDO.- El Congreso aprobó ayer la ley de reforma laboral, que ha sido discutida y tramitada en un tiempo récord. La tramitación ha mejorado algunos aspectos del decreto ley del Gobierno, pero hay dos aspectos sustanciales que no se han tocado: el contrato de fomento del empleo, con despido de 33 días, y las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. Sería conveniente que el Senado precisara mucho más los motivos para la no aplicación de los convenios, cuya redacción ha quedado demasiado ambigua como sucede con el despido objetivo. FMI. Expansión El FMI avisa a España de que tiene graves desafíos y reformas pendientes C. Rivero Será necesario otro recortazo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó ayer a última hora de la tarde un duro informe que advierte de que aún queda muchas tareas pendientes para que la economía española recupere su credibilidad. El documento, elaborado tras la visita que realizaron los economistas del organismo al país, cuando se rumoreaba la posibilidad de un rescate financiero a España, alerta de que el Gobierno tiene por delante “graves” desafíos, y que hacen falta más medidas para reducir el déficit y la deuda. También pide que se “refuerce” la reciente reforma laboral. El organismo dirigido por Dominique Strauss Kahn subraya que “el ajuste previsto se basa en previsiones macroeconómicas potencialmente optimistas”, lo que podría hacer necesario que se adopten medidas “adicionales” para hacer más creíble la reducción del agujero presupuestario al ritmo que marca la Comisión Europea. Y es que mientras que la vicepresidenta Elena Salgado considera que el próximo año el PIB crecerá el próximo año un 1,3% –e insiste en que “lo peor de la crisis ya ha pasado”–, el FMI opina que “la recuperación será lenta y frágil”. Además, estima que la actividad no crecerá a un ritmo del 2% –el umbral necesario para crear empleo neto– hasta 2015. El documento vuelve a poner a España en el punto de mira de los mercados: recuerda que si los planes fiscales no logran alcanzar el ambicioso objetivo de consolidación fiscal que exige Bruselas de aquí a 2013, “el impacto en el resto de Europa y en el mundo podría ser considerable”. A juicio del FMI, España sólo logrará reducir los números rojos de las cuentas públicas hasta el 7% del PIB en 2011, un punto más de lo que prevé Salgado. Esta peligrosa brecha se ampliaría en los años sucesivos. El informe también considera que la deuda podría llegar hasta el 85% del PIB, muy por encima de lo que dice Economía. El Gobierno no tardó en reaccionar el envite del FMI, alegando que sus reflexiones son “muy útiles”, pero “un poco desfasadas” ya que están realizadas a raíz de datos recopilados en mayo. El informe supervisado por Strauss-Kahn alerta de tres riesgos sobre el “saneamiento presupuestario” del país. En primer lugar, remarca que “la base fiscal podría recuperarse más lentamente de lo previsto”, porque la tasa de ahorro puede seguir creciendo. En segundo lugar los expertos del FMI advierten de que “el logro de la necesaria contención del gasto sostenido será un desafío”. Asimismo, recuerdan que “la consolidación [fiscal] necesaria no será posible sin las regiones”, ya que el Gobierno ha dejado en manos de las CCAA y los ayuntamientos gran parte del mayor recorte de gasto público de la historia reciente. El Gobierno ya conocía el contenido del texto hace 15 días, pero los técnicos del Fondo han esperado para publicarlo ayer, en plena operación salida de agosto y con la Bolsa cerrada. Examen a los sindicatos Pese a que el FMI valora los avances incluidos en la última reforma laboral, advierte de que las tasas de empleo y desempleo en España son “altamente cíclicas, mucho más que en otras economías avanzadas, causando grandes costes sociales y de productividad”. Así, llama la atención sobre que el paro estructural es muy alto, se sitúa en torno al 14%, y el mercado laboral es altamente “dual”; cerca del 30% de la fuerza laboral es temporal. En una llamada de atención sin precedentes, el FMI entra a valorar el rol de los sindicatos en España. Al respecto señala que estas organizaciones representan “mayoritariamente a trabajadores permanentes o fijos, quienes se benefician de altas cotas de protección, promoviendo sus demandas salariales”, que no alcanzan a los temporales. A renglón seguido, comenta otro de los talones de Aquiles del sistema español. Los acuerdos salariales que se negocian son “automáticamente extendidos” a una provincia o industria, sin dejar margen de maniobra para que las empresas se descuelguen si llegara el caso. Por último, espera que el sector privado tome nota del recorte salarial a los funcionarios. EXPANSIÓN. 31-7-2010 Editorial. El País Un baño de realidad La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre ha derribado las expectativas del Gobierno sobre una pronta estabilización del mercado laboral. El paro ha aumentado en 32.800 personas entre abril y junio, estropeando así los descensos en el desempleo que registraron las oficinas del Ministerio de Trabajo durante los meses de mayo y junio; la tasa de paro ha crecido en cuatro centésimas, hasta el 20,09%; es necesario recalcar que la ocupación ha crecido (por primera vez desde 2008) en 82.700 personas, pero el aumento de la población activa en 115.000 ha extinguido cualquier posibilidad de crear empleo neto durante el periodo. Además, la buena noticia del aumento de la ocupación pierde fuerza si se advierte que se ha basado en la contratación temporal. El balance es malo; hay ya 4.645.000 parados en España y no se aprecia pulso laboral para crear empleo a corto plazo. Es difícil templar la decepción que ha supuesto esta EPA. No solo el Gobierno, también los analistas económicos y laborales confiaban en que el segundo trimestre, con el viento de la temporalidad en la popa, registrara una caída del paro y algún signo, siquiera débil, de creación suficiente de puestos de trabajo como para reducir significativamente la tasa de desempleo. La evolución del paro registrado en mayo y junio alimentaba esa esperanza, ya frustrada. Es un ejercicio inútil excusarse en el aumento de la población activa, porque ya se sabe que conforme vaya mejorando la percepción de la actividad económica, cederá el efecto desánimo y cada vez más personas querrán trabajar. El problema real no es estadístico sino económico. Por más voluntarismo con que se pretenda adornar el tímido crecimiento económico intertrimestral, es insuficiente para activar el mercado de trabajo. Y así se vuelve al diagnóstico enunciado con mucha antelación: la economía española tendrá que convivir con tasas muy elevadas de desempleo (en todo caso, superiores al 17%) al menos hasta el último trimestre de 2011. Porque los perfiles del tercer y cuarto trimestre de 2010 son peores. Entre julio y diciembre se habrá perdido el impulso de la estacionalidad, los planes públicos de estímulo ya no existen y, lo que es peor, empezarán a sentirse los efectos de los ajustes del gasto público decididos por el Gobierno. Las empresas de construcción han sufrido el primer impacto del ajuste, y están cerrando obras (por tanto, también empleo) a gran velocidad. El hecho de que el 92% de la ocupación creada en el trimestre sea temporal hace temer que se destruirá fácilmente en el tercer y cuarto trimestre. Todo lo que queda de 2010 será malo en este terreno y no se puede confiar ya en que este año se cree empleo neto y baje significativamente el paro. El presidente del Gobierno declaró ayer que una tasa tan elevada de paro es inasumible. Desgraciadamente, habrá que asumirla; la realidad no se niega con palabras, como ya debería saber. El primer paso para aceptarla sería reconocer que la reforma laboral en curso no tiene calado suficiente para favorecer la creación de puestos de trabajo y difícilmente evitará que haya más despidos. La única esperanza es que la reforma financiera permita que cajas y bancos restauren el caudal del crédito (para las empresas viables y solventes, desde luego) a muy corto plazo. Al Gobierno le queda todavía en la manga un as importante: modificar la negociación colectiva en el sentido de que las empresas, en caso de dificultad evidente y demostrable, puedan negociar directamente con sus trabajadores el cambio de empleo por salarios, sin los corsés de los convenios sectoriales y territoriales. A la vista del empeoramiento del mercado laboral, el presidente haría bien en mostrar la carta con cierta rapidez. EL PAÍS. 31-7-2010 Editorial. El Mundo Un reforma laboral que aún puede mejorar EL CONGRESO aprobó ayer la ley de reforma laboral, que ha sido discutida y tramitada en un tiempo récord. Tras su pase por el Senado en la segunda quincena de agosto, la ley podría quedar definitivamente convalidada por el Congreso en los primeros días de septiembre. Además de alabar la extraordinaria celeridad del proceso, hay que señalar que la tramitación ha mejorado algunos aspectos del decreto ley del Gobierno, que fue en buena medida improvisado bajo la presión de los mercados y de nuestros socios en la UE. El cambio más importante es la nueva redacción de las causas del despido objetivo o por motivos de crisis, en el que el trabajador recibe una indemnización de 20 días por año trabajado. Según la redacción, pactada por PSOE y PNV, las empresas podrían recurrir al despido de 20 días «en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad para mantener el empleo». El nuevo texto matiza redacciones anteriores: elimina como causa objetiva la falta de liquidez y sustituye la caída de los beneficios por una disminución de los ingresos. Aunque esta última versión supone una mejora, es evidente que la formulación sigue siendo muy ambigua, ya que no se concreta con cuánto tiempo de pérdidas se puede aplicar este despido o cuál debe ser la reducción de los ingresos de la empresa. Por ello, creemos que el Senado debería precisar ese periodo de pérdidas, que razonablemente podría situarse en un mínimo de seis meses, y vincular la proporción de la caída de ingresos a porcentajes de reducción de la plantilla. Ello evitaría la judicialización sistemática de los casos en los que se recurra a este artículo, que en su actual redacción tendría que ser interpretado una y otra vez por los magistrados laborales. Otra mejora introducida en la tramitación parlamentaria es la posibilidad de que el inspector de la Seguridad Social pueda dar el alta a partir del cuarto día de la baja del trabajador, en lugar de tener que esperar 14 días como ahora sucede. La posibilidad del despido individual de quien falte un determinado número de días al puesto laboral estaba ahora sujeta a que se rebasara también un nivel de absentismo global del 5% del tiempo de trabajo del total de la plantilla. Ese porcentaje se rebaja al 2,5%, lo que facilitará el despido por absentismo en las empresas con pocos trabajadores. Lo ideal sería eliminar esta traba, como propuso el PP, para que el absentismo fuera evaluado de forma individual y cada uno asumiese su propia responsabilidad. El PSOE se ha negado hasta ahora pero debería reconsiderarlo. Ha habido otros cambios menores sobre el decreto ley del Gobierno, pero hay dos aspectos sustanciales que no se han tocado: el contrato de fomento del empleo, con despido de 33 días, y las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. Sería conveniente que el Senado precisara mucho más los motivos para la no aplicación de los convenios, cuya redacción ha quedado demasiado ambigua como sucede con el despido objetivo. El PP votó ayer en contra de la ley, que salió adelante con los votos del PSOE y gracias a la abstención de CiU y PNV. Creemos que el PP debería abstenerse en la votación final si en el Senado se mejoraran algunos de estos aspectos, pues, en todo caso, esta reforma laboral supone una mejora respecto a lo que había. Sería difícil de entender que después de haber pedido insistentemente a Zapatero cambios que flexibilicen el mercado de trabajo la oposición se aferrara al rechazo frontal cuando éstos se producen. EL MUNDO. 30-7-2010

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