Sudamérica crea un organismo de cooperación militar

El estigma de los generales

A iniciativa de Brasil, en Sudamérica ha tomado cuerpo un organismo de cooperación militar al que estarán adscritos paí­ses con gobiernos de signo tan contrario como la Bolivia de Evo Morales y la Colombia de Álvaro Uribe. Aunque el Consejo de Defensa de Estados Sudamericanos (CDE) no será nada parecido a la OTAN, es un significativo paso hacia un proceso de integración latinoamericana y para conformarlo ha sido necesario un esfuerzo diplomático considerable del gobierno de Lula, nace con un profundo estigma cuya evolución marcará su consolidación o su disolución. El distinto grado de intervención y control de las Fuerzas Armadas latinoamericanas por parte del hegemonismo estadounidense.

Cuando en marzo de 2008, la oeración del ejército colombiano eliminó al numero dos de las FARC, Raúl Reyes, en suelo ecuatoriano, se desató una fuerte polémica a tres bandas entre Colombia, Ecuador y Venezuela, cuyos ecos resuenan todavía hoy. El presidente brasileño –que intenta convertir al país carioca en cabeza de un proyecto de integración latinoamericana, en competencia y alianza con Venezuela- pensó que los continuos roces y tensiones entre países de la región –que más de una vez han llegado a las balas- debían ser suavizados mediante un organismo coordinador de sus Fuerzas Armadas. Un año después nace un nuevo organismo militar, el Consejo de Defensa Sudamericano (CDE), que se concibe como un mecanismo de integración, diálogo y cooperación en materia de defensa de los 12 países que componen la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a saber: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Reforzar la cooperación militar, coordinar misiones humanitarias y operaciones de paz, e intercambiarán experiencias en materia de capacitación, contemplando incluso la futura creación de un instituto de defensa en Sudamérica son algunos de los objetivos del CDE. Otros objetivos, como la lucha contra el narcotráfico no está contemplada, por las reticencias de muchos miembros ante un tema tan sensible, y con la mano de la DEA norteamericana –una plataforma de intervención con la excusa de la droga- tan implicada. Otros miembro han insistido en la idea de que Unasur, "no pretende crear una fuerza militar que opere internacionalmente" al estilo de la OTAN. El Consejo de Defensa Sudamericano -que no tendrá ninguna atribución para pronunciarse sobre las compras de armas de sus miembros- nace también para moderar el aumento de gasto militar en la región, motivado en parte por la falta de datos comparables entre los propios países de cuánto se gastan sus vecinos en armamento. Si a esta opacidad sumamos la desconfianza y las fricciones entre algunos de ellos –por ejemplo entre Colombia y Venezuela- se entiende porqué el gasto de Latinoamérica y el Caribe en Defensa creció un 91 por ciento entre los años 2003 y 2008, según las cifras publicadas a finales de enero pasado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres. No se trata de una "carrera armamentística" , sino de una modernización de las Fuerzas Armadas, ya que "la mayoría de los equipos actualmente en servicio datan de los años cincuenta y sesenta, pero de todas maneras los gastos son costosos para las economías de la zona: los gastos militares de la región se cifraron el pasado año en 47.200 millones de dólares, frente a los 24.700 millones de dólares de 2003. Con la crisis económica golpeando las puertas de la región, los gobiernos sudamericanos son conscientes de la inconveniencia de incrementar las partidas de defensa y de la impopularidad de tal medida en un año en el que casi todos los países tienen cita con las urnas. Esa es una de las razones por las que, a pesar de las diferencias políticas entre los miembros de Unasur, han acabado aceptando como oportuna la iniciativa brasileña. En las delegaciones nacionales del Consejo -que se reunirá de forma ordinaria una vez al año- habrá asesores y representantes de los respectivos ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. La presidencia del CDE corresponderá al mismo país que preside temporalmente la Unasur (actualmente Chile, y a partir de mayo, Ecuador) y contará con un órgano ejecutivo formado por los viceministros de Defensa. Sin embargo, todos los medios de comunicación obvian una cuestión clave que determinará que el CDE sea un proyecto de corta vida –como muchos en el continente- o un instrumento eficaz para la integración y la estabilidad latinoamericana: ¿contra quién estará dirigido?. ¿Contra el hegemonismo o contra los pueblos?. No es creíble que el CDE sólo sea un organismo de control presupuestario militar, ni un foro de puesta en común de visiones militares. Y ahí está el quid de la cuestión: mientras que una serie de países que conforman el Frante Antihegemonista –como son Venezuela, Bolivia, Ecuador- han depurado en mayor o menor medida la cúpula de sus Fuerzas Armadas de elementos vinculados con Washington, en otros países la vinculación orgánica de sus ejércitos con los centros de poder de Washington sigue siendo amplia, profunda y poderosa. En el CDE convivirán inevitablemente dos líneas, como ya conviven en la política del continente: una buscará ampliar la independencia, la autonomía y la soberanía de America Latina en el terreno militar respecto a EEUU. La otra buscará convertir al CDE en un mecanismo de control y encuadramiento al servicio de la superpotencia.

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