Cargando...La Junta de Andalucía tendrá que indemnizar a la familia de Carmen Espejo, una madre sevillana a la que Bienestar Social retiró indebidamente la custodia de sus dos hijas en abril del año 2000, por los daños morales que les causó estar separadas de su madre durante seis años. Lo que se alargó hasta que la Audiencia de Sevilla anuló el desamparo debido a que las niñas «no estaban en situación de desamparo» ya que las heridas que presentaba la menor, y que habían motivado la retirada de la custodia, respondían al síndrome de Cornelia, una enfermedad genética que le causó las lesiones. Por tanto la Junta «debió abstenerse de intervenir sobre la guarda y custodia». Además, la retirada de la custodia se prolongó «excesivamente» por el retraso de la Administración en el envío de la documentación a los jueces. La menor de las hermanas, que entonces tenía cuatro años y padecía una minusvalía psíquica, ingresó en un centro de menores, mientras que la mayor fue acogida por una familia en régimen preadoptivo.
Cuando se one en marcha la ciega maquinaria burocrática del Estado, especialmente cuando se pone a hacer de padre por encima de los padres reales, biológicos, humanos, hay que echarse a temblar. Cuando esa fría maquinaria, que se mueve acorde con el ritmo temporal burocrático, se pone por encima del individuo, en este caso, de la madre, genera terribles desastres. Cuando esa sorda maquinaria se equivoca por encima de las duras y crudas realidades familiares y de sus demandas, arrasa sentimientos y vidas. Es realmente peligroso que el Estado se convierta en padre, peligroso es que se haga cargo de la vida de los menores, y peligroso es que tome decisiones que desquicien las familias y destruyan los vínculos. A la madre sólo le queda recuperar los años perdidos.