Cargando...El Banco de España recomendó ayer para salir de la crisis trabajar por menos del salario mínimo de manera excepcional. Esa es la fórmula que utilizó Alemania a comienzos de la década, devaluó los salarios para ganar competitividad y a partir de ahí impulsó las exportaciones y el crecimiento. Es una práctica utilizada ya por las empresas españolas, que está detrás del equilibrio de la balanza comercial obtenido en el primer trimestre. El enorme esfuerzo en reducción de plantilla y el recorte de salarios explica el progreso de las exportaciones (5,5 por ciento). El otro factor culpable del equilibrio de las cuentas exteriores es el hundimiento del consumo interno, que deprime las importaciones (-5,3 por ciento). Pero, ¿se puede ajustar en sueldo y en consumo sin un deterioro económico importante? Es evidente que no, porque entraríamos en un círculo vicioso: cuanto más cae la capacidad adquisitiva, se consume menos y ello retroalimenta la recesión.
¿Por qué la fórmula tuvo, entonces, éxito en Alemania? Porque se daban circunstancias muy diferentes a las actuales. Los germanos, a la par que se bajaban el sueldo, invertían en mejoras de la producción, gracias a que tenían acceso ilimitado al dinero barato. Las empresas mejoraban su competitividad tanto por la vía de los costes como de la calidad de sus productos.
En España, esto no es posible, porque con la excepción de las administraciones públicas y alguna firma como Pescanova, que verbigracia de Alberto Núñez Feijoo recibirá cuatro millones de la Xunta de Galicia, las pymes tienen cerrado el grifo de los préstamos. Cuando lo consiguen, además, es en condiciones muy onerosas, cinco o seis puntos por encima de sus competidores germanos o franceses. Este es el talón de Aquiles de la economía española. La reforma financiera emprendida por el titular de Economía, Luis de Guindos, no logra desatascar el crédito, según el informe que hoy publicamos del Banco de España.
Al contrario, la banca nacionalizada lo restringe. Su saneamiento a medias la obliga a permanentes reestructuraciones, que cercenan su escaso margen para prestar. Hasta el ministro de Economía germano, Wolfgang Schäuble, consciente del problema, ofreció alrededor de mil millones para las pymes españolas. Calderilla, dicho sea de paso, en comparación con sus necesidades financieras.
El panorama se puede complicar para la banca nacionalizada si los jueces dan la razón de forma masiva a las reclamaciones de los titulares de preferentes. Ello obligaría a estas entidades a correr con el gasto de las indemnizaciones en su totalidad. En contrapartida, la quita que soportan las preferentes es cada vez mayor. Por término medio ya pierden el 40 por ciento, aunque algunas como las de Banco de Valencia se dejaron el 90 por ciento de su dinero. Son peores las de Novagalicia o Catalunya Bank, donde no se saben cuándo podrán recuperar el capital que les corresponde y para ello tendrán que abonar una comisión. Parece que el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob) no está interesado en que retiren la inversión, porque mermaría el capital de las entidades nacionalizadas de su propiedad.
Me decepcionó la intervención esta semana en el Congreso de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, porque no tuvo agallas de reconocer la culpabilidad de su institución. La CNMV, bajo el mandato de su predecesor, Julio Segura, ni advirtió a los usuarios de los riesgos de estos productos ni sancionó a entidad alguna por su venta. Rodríguez tomó posesión de su cargo con la sana intención de poner las cosas en su sitio. Pero hasta la fecha solo conocemos la apertura de expedientes a nueve bancos, sin saber siquiera el motivo. Quizá la falta de personal, como denuncia ella misma, le impida resolver estos expedientes con diligencia, o quizá sufra presiones oficiales como su antecesor para mantener la boca cerrada.
Mientras que la CNMV sea un organismo dependiente del Gobierno, su actuación dejará mucho que desear, al igual que el Banco de España. Ambas instituciones cobijaron la emisión de preferentes por parte de las anteriores cajas de ahorros para intentar recapitalizarse. Se echa en falta un organismo independiente que defienda los intereses de los particulares.
La segunda gran diferencia con el despegue alemán es que España está sometida a un ajuste permanente por parte de Bruselas, que deprimirá a corto plazo su crecimiento. Esta semana, Bruselas nos pidió otra vuelta de tuerca para las reformas laboral y de pensiones, así como un alza del IVA reducido. Rajoy hizo bien en negarse a subir más impuestos, al igual que comienza a valorar el pacto con Rubalcaba en algunos aspectos. El Gobierno continuará con su agenda reformista a menor ritmo para no deteriorar más la situación. Pero sin créditos y sin estímulos fiscales, otra reforma laboral para abaratar el empleo se hace inevitable.