Cargando...Manuel Chaves, vicepresidente del gobierno, presidente del PSOE y ex presidente andaluz, es uno de los ejemplos más acabados de los nuevos caciques incrustados en la clase política que someten a un permanente saqueo las arcas públicas. El escándalo de los falsos EREs ha vuelto a destapar el hedor de quienes han transformado Andalucía poco menos que en su cortijo particular, levantando una auténtica trama negra cuyo único fin es malversar el dinero público en beneficio de muy pocos.
Falsos EREs, saqueo verdaderoAndalucía suera el 30% de parados. En el último año, uno de cada cuatro trabajadores españoles que han perdido su puesto de trabajo reside en esta comunidad. Este drama para muchos se ha convertido en un negocio para unos pocos. El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, confesó ante la policía que los 647 millones destinados a pagar prejubilaciones se habían convertido en un “fondo de reptiles”, fórmula acuñada para designar sobornos y comisiones ilegales. Efectivamente, los EREs y prejubilaciones gestionados por la Junta de Andalucía durante los últimos años se han convertido en un pozo sin fondo de corrupción. No sólo se ha financiado con fondos públicos la liquidación de empresas en crisis, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo edulcorada por las prejubilaciones sino que, en ese río revuelto, se ha metido mano en la caja. Gracias a la investigación de la policía judicial se ha destapado que en el 40% de los EREs gestionados por la consejería de trabajo andaluza se han incluido personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. Entre los “agraciados” con estos cobros ilegales figuran ex alcaldes como Rafael Rosendo, de la localidad sevillana de El Pedroso, o antiguos altos cargos de la Junta como Juan Rodríguez Cordobés, ex director general de Trabajo y Asuntos Sociales. La dirección del PSOE alega que estamos ante la actuación individual de “cuatro sinvergüenzas” que serán castigados. Pero la policía judicial advierte que no estamos ante comportamientos esporádicos, sino ante una auténtica “trama delictiva”. No sólo se desvío dinero público a beneficio de un selecto grupo de altos cargos, sino que se constituyó una red de intermediarios que ganaban suculentas comisiones. Y todo amparado desde la consejería de Trabajo que, en aras de “agilizar los trámites” concedía las ayudas a través de organismos autónomos para evitar los controles y las inspecciones que habrían detectado el desfalco. Pero esta es sólo la punta del iceberg. Los “falsos EREs” son uno de los flecos del caso Mercasevilla, una intrincada red de corrupción instalada en las altas instancias de la Junta de Andalucía. Destapado cuando los rectores de la lonja semipública exigieron a un grupo de empresarios una comisión de 450.000 euros a cambio de cobrar una subvención de 900.000 para una escuela de hostelería. Dentro de la trama Mercasevilla -que incluye delitos inmobiliarios, como la venta ilícita de terrenos- aparecen los “hombres de paja” de los EREs. Dirigentes políticos como Antonio Garrido Santoyo, altos cargo socialista en Jaén, que cobran indemnizaciones de EREs de empresas en las que nunca trabajaron, como medio para desviar dinero público. Estamos ante una tupida red clientelar donde la impunidad de la clase política se colude con los intereses de los poderes económicos locales, con el objetivo de saquear las arcas públicas. El atraco de los nuevos caciques Manuel Chaves ha reaccionado indignado desde Madrid, afirmando que todos los altos cargos implicados serán expulsados del PSOE. Cuanto más alto grite, mayor es el calado de lo que tiene que esconder. Porque, como denuncia la misma policía judicial, no estamos ante “chorizos individuales” sino ante una trama organizada desde las más altas instancias políticas andaluzas. Chaves es la muestra más refinada de una clase política que, abusando de la impunidad y manejando a su antojo el inmenso presupuesto autonómico, ha construido una extensa red clientelar que se beneficia del dinero de todos. Hijo de un destacado coronel del ejército franquista, Chaves conoce en la facultad de Derecho sevillana a Felipe González, uniéndose al PSOE donde pronto escalará posiciones. Años más tarde, Chaves será rescatado por González para que, como ministro de Trabajo, se encargue de dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral, con la imposición del Plan de Empleo Juvenil, puerta de entrada a la precariedad laboral que hoy asfixia a la juventud trabajadora. La respuesta de los sindicatos se traduce en el 14-D, la mayor huelga general de la historia reciente española. En su retorno a Andalucía, Chaves se revelará como el auténtico dueño del cortijo. Las sucesivas mayorías absolutas le permiten un rígido control de la administración y del ingente presupuesto autonómico, instaurando un auténtico régimen clientelar donde se hermana la nueva clase política, los antiguos caciques y los nuevos ricos del ladrillo para saquear el erario público. El caso Matsa -la concesión de una subvención pública de diez millones de euros a la empresa donde trabaja su hija, Paula Chaves, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia andaluz- es sólo una muestra de los modos y maneras de los nuevos caciques. El control de los fondos públicos, la distribución de las ingentes subvenciones y ayudas públicas, se ha transformado en una auténtica trama de corrupción con más agujeros que un queso de Gruyere. El desfalco no es la excepción, sino la norma, amparados en la absoluta impunidad que han disfrutado las fechorías de la clase política. En las razones de por qué España es uno de los países que más está sufriendo los estragos de la crisis volvemos a encontrarnos a Chaves, uno de los artífices de la elevación de Zapatero a la Moncloa. Primero tuvo una participación destacada en la defenestración de Josep Borrell, forzada por el aparato del PSOE tras su sorprendente triunfo en las primarias. Maniobra que conduciría al estrepitoso fracaso electoral de Almunia. Más tarde sería el presidente del Congreso que, bajo la consigna de “hay que impedir que Bono cruce el Tajo”, entregaría a Zapatero la secretaria general del PSOE. Zapatero le recompensaría nombrándole ministro de Administraciones Públicas, desde donde dirigió la reforma de la financiación autonómica, un bochornoso cambalache que sólo sirvió para alimentar la voracidad y el despilfarro de las castas políticas locales. De aquellos polvos, vinieron estos lodos. El estallido de casos de corrupción directamente vinculados a las altas esferas de la Junta de Andalucía es una de las peores herencias de Chaves, el resultado de convertir Andalucía en el cortijo particular de los nuevos caciques. Mientras unos pocos se enriquecen, el paro golpea Andalucía con mayor saña si cabe que a otras comunidades. No es extraño que las últimas encuestas pronostiquen la posibilidad de una mayoría absoluta del PP en Andalucía. Son los extraños resultados de los desmanes de los dueños del cortijo.