Cargando...Justo 24 horas después que se anunciara que el déficit del Estado en 2008 ha sido casi un 12% superior a la última previsión del gobierno, la ministra de Administraciones públicas anunciaba el acuerdo con la Generalitat de Cataluña por el que el gobierno transferirá 800 millones de euros no contemplados en los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace dos meses.
Esta transferencia extra es fruto del artículo adicional tercero del nuevo Estatuto or el que el gobierno debe aportar la recuperación del llamado “déficit fiscal”, lo que obliga al Estado a invertir en infraestructuras catalanas durante siete años el equivalente al PIB catalán dentro del PIB estatal.Nadie que conozca mínimamente la realidad catalana pone en cuestión que es necesaria una inversión extra para reformar y modernizar sus muy obsoletas infraestructuras. Pero si ya la acuñación del concepto de “déficit fiscal” levantó una amplia polémica dentro y fuera de Cataluña –por los acusados rasgos de insolidaridad y confrontación territorial que conlleva–, la insistente exigencia de su aplicación en unos momentos de aguda crisis y no menos agudo déficit público revela un escaso sentido de la oportunidad. En primer lugar, porque cabe preguntarse de dónde salen esos 800 millones extras. Y no hay más que dos respuestas posibles. O de partidas asignadas a otras Comunidades, o de un mayor endeudamiento del Estado. En segundo lugar, porque tras conocerse los millonarios gastos del gobierno tripartito en embajadas, informes sobre el juego del parchís o el tuneado del coche del presidente del Parlament, suena a broma que siga enarbolándose la bandera del déficit fiscal como un “agravio” hacia Cataluña y los catalanes. Más valdría poner en orden sus cuentas, recortar gastos superfluos, atajar el enchufismo,… Cuestiones todas que si constituyen un verdadero agravio para el 20% de la población catalana que vive bajo el umbral de la pobreza.