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El 42,6% de los españoles sitúa el acceso a la vivienda como la principal preocupación. Y no es para menos: el precio de la vivienda acelera y cierra el año con la mayor subida desde 2006. En capitales como Madrid, la gente tiene que entregar el 80% de sus ingresos -o incluso más- para poder tener unos pocos metros cuadrados donde poder vivir.
Hablamos de todo ello con Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, una de las organizaciones que encabezan un movimiento social que en los últimos años ha movilizado a cientos de miles de personas.
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¿Cuándo empezasteis la lucha del Sindicato de Inquilinas?
Nacemos en 2017, en un momento en que los alquileres estaban subiendo de forma salvaje tras la crisis financiera. Veníamos de la experiencia de la lucha contra los desahucios y vimos que el nuevo ciclo de expulsión se estaba dando a través de la vivienda en alquiler. Empezamos a asesorarnos, aprendiendo de nuestras compañeras de la Plataformas de Afectados por la Hipoteca.
Señalamos a los Fondos Buitre, que habían llegado a España comprando paquetes de viviendas de personas desahuciadas que les vendieron los bancos y empezamos a construir poder desde abajo. Desde el primer momento tuvimos claro que no era un problema individual, sino que era una cuestión estructural de un nuevo ciclo de expropiación que se estaba dando en el mercado de la vivienda, y que sólo se podía enfrentar colectivamente.
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El precio de la vivienda es un atraco. ¿Cuáles consideras que son las causas principales de esta situación? ¿Quiénes serían los responsables principales de esta situación?
Es un atraco porque el derecho a la vivienda se ha convertido en un negocio financiero. Las causas son tres. La primera es que, desde la crisis del 2008, cada vez más se ha convertido en un activo financiero del que obtener altas rentabilidades para todo tipo de inversores, tanto nacionales como extranjeros, y buscan regulaciones que les favorezcan y que sean perjudiciales para las inquilinas.
La segunda causa es la entrada masiva de fondos de inversión, que han servido un poco de “vanguardia”, trayendo un modo de gestión agresiva de los alquileres, con cláusulas abusivas, prácticas que ahora se han extendido a todo tipo de caseros a través de las inmobiliarias, que son intermediarios con un poder muy grande en el mercado de alquiler.
Y la última causa es la falta de un parque público que regule y haga de contrapeso al mercado, en España siempre se ha apostado por la vivienda en propiedad a través del crédito hipotecario. El parque público es inferior al 2%, cuando la media en Europa es del 9% y en ciudades como Viena llega al 40%.
Los responsables son quienes han convertido la vivienda en un activo especulativo, los fondos buitre, los grandes tenedores y todos los gobiernos que, desde el franquismo aquí, lo han permitido y facilitado; como, por ejemplo, el caso de Madrid con la venta de más de 3.000 viviendas públicas a Blackstone y Goldman Sachs hace unos años, o la ley de alquiler de 1985 que acabó con los contratos indefinidos y la regulación del alquiler.
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¿Dentro de esta situación qué papel juega el “turismo masivo”?
El turismo masivo tensiona especialmente los centros urbanos. En ciudades como Madrid, hay 17.000 pisos turísticos, de los que 16.000 operan sin licencia y el ayuntamiento no quiere controlar. Es un factor que agrava la situación, especialmente en barrios populares donde las vecinas son expulsadas para convertirlos en un parque temático. El problema no es el turista sino el modelo económico que pone a las ciudades al servicio de la rentabilidad en vez de al servicio de quienes las habitamos.
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Yendo a la alternativa, ¿cuáles consideras que son los pilares fundamentales de una propuesta para la vivienda?
Empezaríamos por la regulación efectiva y la bajada obligatoria del precio del alquiler de inmediato; la recuperación de la vivienda en manos de fondos buitres, las viviendas que fueron públicas deben volver a serlo; el control y la reducción de los pisos turísticos; la prohibición efectiva de los desahucios sin alternativa habitacional y, obviamente, la ampliación masiva del parque público de vivienda en alquiler social de forma permanente y que no se pueda vender. Medidas para que la vivienda salga del mercado especulativo y se trate por su valor abusivo y no de cambio.
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¿Otras medidas, quizás de carácter más inmediato, que se puedan tomar?
Por ejemplo: prórrogas automáticas y obligatorias de los contratos de alquiler; debería haber contratos indefinidos de alquiler como los laborales. La suspensión de los desahucios, la moratoria de los desahucios de personas sin alternativa habitacional, esta moratoria ha caído en el Congreso, se tiene que volver a poner en marcha y que cubra más situaciones de vulnerabilidad. Topes reales y efectivos del alquiler vinculado a los ingresos reales de las personas y no a los precios de mercado. Una penalización fiscal a la vivienda vacía y, por último, la prohibición de la compra de vivienda para fines especulativos.
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¿Para dar una alternativa y ganar esta lucha, no habría que diferenciar entre fondos buitres, grandes tenedores y pequeños propietarios de una o dos viviendas?
Puede haber diferencias, pero el problema no es sólo quién es el casero, sino cuál es el modelo. Los fondos buitre llegaron y marcaron una forma de gestionar el alquiler y ahora todo el mundo sigue ese modelo. Nuestra prioridad es enfrentar el poder estructural de los grandes fondos y tenedores, porque concentran miles de viviendas y tienen capacidad real de condicionar el mercado.
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¿Consideras que hay formas de unirlos en puntos concretos?
Si algún casero estuviera dispuesto a entender la vivienda como un bien social y a aceptar límites y regulación hay espacio para acuerdos, pero no sobre la base de mantener rentabilidades desorbitadas que superan la de cualquier otra inversión.
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¿Crees que las medidas que se toman por parte de algunos ayuntamientos o por parte del gobierno tienen efectos positivos a uno u otro nivel?
Algunas medidas han supuesto avances parciales sobre la base de la presión social y sindical, tenemos claro que sin organización no habría Ley de Vivienda como la del 2023, ni debate sobre la regulación, pero claramente son muy insuficientes. Se anuncian miles de viviendas que tardan años en construirse mientras vencen muchos más contratos de alquiler y, además, si no se blinda que esa vivienda sea pública, acaba regresando al mercado antes o después.
Sin tocar el poder de los grandes tenedores las medidas son muy limitadas, como hemos visto en el caso de Catalunya, donde hemos visto cómo los rentistas han buscado huecos como el alquiler de temporada del que están haciendo uso fraudulento para no tener que cumplir con la regulación.
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¿Tenéis previstas movilizaciones u acciones próximamente?
Estamos en constante movimiento, estamos fortaleciendo nuestros bloques de lucha y creciendo nuestra red de afiliados, que son ya 4.000 personas, y preparando movilizaciones.
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¿Quiéres añadir cualquier otra cuestión o punto?
El problema de la vivienda no es un problema individual, sino que es un conflicto social, entre quienes vivimos de nuestro trabajo y quien vive de rentas inmobiliarias. La clave, por eso, es convertir la indignación en organización y la organización en poder popular.