Unión Progreso y Democracia (UPyD) está difundiendo, durante la precampaña de las elecciones autonómicas vascas, un Decálogo, es decir, una síntesis de las principales posiciones políticas que presenta a los ciudadanos vascos. UPyD, coherente con su manifiesto fundacional, defiende lo mismo en todas las partes de España. Y desde ese punto de vista nacional aborda la problemática específica del País Vasco. Por eso, su primer punto es la lucha por la libertad. Porque «el problema número uno de los ciudadanos vascos sigue siendo la falta de libertad».
De forma clara señala “treinta años de hegemonía nacionalista son los resonsables, porque el nacionalismo, violento o institucional, ha ido creciendo y acumulando poder aprovechando la falta de libertad de los que no lo somos”, destacando a los que viven con escolta o amenazados, y a los que han abandonado el País Vasco. Por ello, expresa su exigencia de que “toda la actividad de las instituciones vascas (…) se dirija (…) a recuperar las libertades de palabra, de acción y de asociación, que el terrorismo nos ha arrebatado con la complacencia o pasividad de nuestras instituciones” y que “hagan de la recuperación de la libertad su máxima prioridad”. En coherencia con la lucha por la libertad, UPyD propone “recuperar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de diciembre de 2000, (…) y el estricto cumplimiento de la Ley de Partidos de 2002, para impedir la amenaza y la vergüenza de los ayuntamientos vascos controlados por los terroristas”. Y, denunciando la ineficacia de la policía autonómica contra ETA, reclama “la implicación plena de la Ertzaintza en la represión del terrorismo”. El uso que hace el nacionalismo del euskera como característica étnica obliga a que se tenga que defender la libertad de elección lingüística. UPyD reclama que “tenemos dos idiomas que nos son propios y cooficiales, el euskera y el castellano, lengua común que compartimos con los demás españoles y con 450 millones de personas en todo el mundo. La nuestra es una sociedad bilingüe, (…) por eso las instituciones deben garantizarnos la posibilidad de elegir la lengua cooficial que prefiramos usar. El bilingüismo debe ser voluntario, una elección personal sin penalización y sin privilegios”. Ante la actual situación de discriminación “UPyD se compromete a trabajar por la derogación de cualquier ley, norma o reglamento que vaya contra este principio de libertad lingüística”. UPyD plantea, con toda justeza, que la alternativa política para el País Vasco es “que el nacionalismo pase a la oposición, y que el constitucionalismo vasco tenga la opción de gobernar para todos por igual”.