Cargando...La amenaza del gobierno italiano funciona. La clínica considera que «el Ministerio de Sanidad podría adoptar medidas que podrían poner en peligro la actividad del centro, y, por tanto, hacer peligrar el puesto de trabajo de 300 personas». Se esté o no de acuerdo con el curso de estos hechos, influenciados sin duda por el Vaticano, no deben confundirnos sobre el fondo que recorre el problema de la eutanasia. El reciente asesinato televisado de Craig Ewert desde el corazón de Europa para el mundo entero esconde, bajo la bandera de la libertad individual a morir dignamente, un plan colectivo para exterminar a la parte de la población que descuadran las cuentas, a los improductivos.
Su objetivo no son los casos dramáticos que nos muestran or la televisión. Existen muchos más casos de personas que no sufren terribles dolores ni viven dependiendo de una máquina pero que tienen enfermedades degenerativas o grandes incapacidades a los que algunos les cuelgan la etiqueta de “así no vale la pena vivir”. No hay más que recordar que en junio de 2007 un polaco de 65 años, Jan Grzebski, despertó después de 19 años en estado vegetativo tras golpearse la cabeza contra el vagón de un tren en marcha. Su mujer le había estado cuidando todo ese tiempo. Pretenden convencernos de que libremente aceptemos no ser una carga a la hora de morir cuando ya nos han extraído toda la plusvalía posible. Hay tres grandes mentiras que nublan la vista ante la eutanasia. Es mentira que se trate de una lucha entre la izquierda y la derecha, entre lo progresista y lo reaccionario, entre laicos defensores de los derechos civiles y los ultracatólicos retrógrados. Esto es sólo la apariencia. De fondo esconden la pugna entre dos líneas de las burguesías monopolistas para neutralizar el creciente peso de los sectores para ellos improductivos (envejecimiento de la población y el auge de las enfermedades crónicas) en la sociedad desarrollada. La eutanasia no es más que la participación activa del estado en aliviar las cuentas públicas eliminando a los que considera “cargas” sin futuro. No sólo está en juego un derecho individual. Se pretende que el estado legisle y, por tanto, la muerte asistida se incluya en la cartera de servicios de la sanidad, tal como ocurre en varios países. Es mentira que este debate lo pide la sociedad. Es un debate auspiciado desde arriba para que la sociedad piense en esa dirección. La demanda crea la oferta. El año pasado, la compañía Lane Individual Practice Association, Inc. (LIPA) gestiona el Plan de Salud de Oregón, financiado por dicho estado, en el condado de Lane. Según una noticia del diario The Register Guard, el pasado mes de mayo una mujer de 64 años, llamada Barbara Wagner, enferma de cáncer de pulmón y suscriptora de un seguro de salud con LIPA, recibió una terrorífica carta de dicha compañía en respuesta a su petición de que le financiara el fármaco anticanceroso Tarceva, cuyo coste es de unos 4000 dólares mensuales. La respuesta fue la siguiente: "el tratamiento del cáncer avanzando no busca prolongar la vida, o cambiar el curso de esta enfermedad, y no es un beneficio cubierto por el Plan de Salud de Oregon". La aseguradora sugería otro servicio que sí está financiado: el suicidio asistido o eutanasia, legal en Oregón desde hace 11 años. Cuesta menos de 100 dólares. ¿Cómo vamos a dejar en manos del estado las vidas de los que queremos?