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Entre los miles y miles de personas que forman a diario las llamadas “colas del hambre” -porque acuden a los bancos de alimentos y a las cocinas solidarias-, hay muchas situaciones de pobreza en las que se manifiesta con toda su crudeza el estrago social. Son los parados, los trabajadores “pobres”, los precarios y los que han sufrido un ERTE… Según se va despejando la pandemia sanitaria con las vacunas y la relajación de las restricciones, sale a la luz con toda su crudeza la pandemia económica.
España finalizó 2020 con una subida del paro de 527.900 personas, lo que supuso un 16,5% más que en el año anterior, y un retroceso de la ocupación de 622.600 trabajadores, los peores datos desde 2012. De este modo, la tasa de desempleo se situó en el 16,13%, siendo el número total de parados de 3,72 millones de personas. Además, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 2020 en 183.900 casos, un 18,1% más respecto a 2019, hasta situarse en 1,2 millones, la mayor cifra desde 2017. Además, el 30,1% de las personas paradas en España no cuentan con prestación por desempleo.
También ha golpeado al tejido empresarial con el cierre de más de 207.000 pequeñas y medianas empresas (1 de cada 6) y el abandono de 323.000 autónomos, el 10% del total.
Brusca pérdida del poder adquisitivo
La consecuencia más grave ha sido el hundimiento de los ingresos de la mayoría de los españoles -especialmente agudo en el segundo trimestre de 2020-, causado por el mayor descenso del salario medio desde 1909, lo que significa que el poder adquisitivo de los trabajadores haya retrocedido a niveles de 1989.
En solo un año, a finales de 2020, el salario medio de los empleados había retrocedido un 3,1% -hasta los 1.641 euros- aunque durante el segundo trimestre bajó hasta un 11%. Ese valor medio significa en realidad que en los sectores donde un gran número de trabajadores sigue en ERTE los descensos son del 13%. Porque los afectados por un ERTE -que han llegado a ser 3,6 millones de asalariados- pasan a cobrar el 70% del sueldo base sin retribuciones variables ni complementos. Los trabajadores de las pequeñas empresas han sido los más perjudicados con una caída de casi el 18%.
El Ingreso Mínimo Vital no llega
Y entre los miles y miles de personas de las “colas del hambre” hay -como Oxfam Intermón ha denunciado- más de 1,5 millones de personas que viven en pobreza extrema y no pueden optar al Ingreso Mínimo Vital (IMV) debido a las condiciones establecidas para recibirlo. La ONG destaca que la aprobación del IMV hace ahora un año fue un gran avance para el sistema de bienestar de nuestro país, pero señala que, con mejor diseño y mayor inversión, el IMV podría cubrir a toda la población que lo necesita, unos 5 millones de personas.
A medida que se despeja la pandemia sanitaria sale a la luz con toda su crudeza la pandemia económica
En un año el IMV ha llegado tan solo a unas 600.000 personas, de las 2,5 millones estimadas por el Gobierno como destinatarios de esta prestación. Es decir, no ha llegado ni a un cuarto de las personas beneficiarias previstas. “Es necesario que ninguna familia en situación de necesidad se quede sin protección, y en estos momentos hay en España 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso”, afirma Liliana Marcos, responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón. Para ello, Oxfam Intermón pide que se hagan cambios en las condiciones para poder optar a él, por ejemplo, con el incremento de los umbrales de acceso.
Y el primer requisito a modificar urgentemente es el uso de la declaración de renta de 2019 para valorar la situación de los solicitantes y para su concesión. Cuando la pandemia sanitaria ha dejado sin medios económicos de vida a miles de personas de la noche a la mañana, no se deben usar los datos fiscales del año anterior para determinar el acceso o no al IMV. Es una razón clave por la que esta prestación está siendo poco útil.
La previsión del gobierno de gasto en IMV para este año es de unos 1.500 millones de euros, cinco veces menos de lo que sería necesario para acabar con la pobreza extrema. Y hay margen para subir los umbrales de acceso, gastar más y llegar a más hogares vulnerables, porque España invierte en protección social hasta 23.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea.
Pero el IMV es una medida paliativa que no resuelve el problema estructural y se necesita aplicar una política de redistribución de la riqueza.
La caída del poder adquisitivo a niveles de 1989 ha llevado a muchos trabajadores/as a las colas del hambre.
Los seis grandes bancos ganaron el pasado año, en plena pandemia, cerca de 9.000 millones de euros. Y las empresas del Ibex 35 han obtenido entre enero y marzo de este año unas ganancias de 12.750 millones de euros, de las que 7.800 millones, el 61% del total, eran del sector bancario.
Sobre esta riqueza que acumulan bancos, monopolios y el gran capital extranjero deben aplicarse medidas de redistribución de la riqueza, como una reforma fiscal progresiva, para acabar son sus privilegios fiscales y que contribuyan de acuerdo a sus ingentes beneficios; o una redistribución salarial para que nadie cobre menos de 1.000 euros netos al mes. Una redistribución de la riqueza que no solo acabe con la pobreza extrema, sino que también inicie un plan de transformación del modelo económico y de reindustrialización que genere riqueza y empleo de calidad.