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Hace tres meses, el gobierno anunció a las CCAA que «sería prudente repensar» la aplicación del copago a los enfermos crónicos por los medicamentos que recibían gratuitamente en los hospitales públicos. Pero ahora, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anuncia precipitadamente, y sin negociación previa, su aplicación para el 1 de octubre. ¿Qué ha cambiado? Sencillamente, que los «hombres de negro» de Bruselas han obligado a recortar, todavía más, los gastos sanitarios. Aunque ello suponga poner en peligro el tratamiento para enfermos de cáncer. Definitivamente, la intervención de Bruselas y el FMI es perjudicial para nuestra salud.
A partir del 1 de octubre, todos los enfermos tendrán que pagar por recibir 42 medicamentos que hasta ahora se entregaban gratuitamente en las farmacias de los hospitales públicos.
Los recibían pacientes crónicos y con enfermedades graves (cáncer, seropositivos, artritis, hepatitis, esclerosis múltiple, tratamientos de fertilidad…). «¿Por qué tienen que decidirse en Bruselas o en Washington las medidas que aplica el gobierno español? Cada vez que esto sucede es para aplicarnos un nuevo y más salvaje recorte»
El escándalo es tal que ocho comunidades –la mitad de ellas con gobiernos del PP- se han negado a aplicar la medida.
El presidente castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, histórico dirigente del PP, ya ha anunciado que “la medida debe ser retirada por coherencia, ya que los pacientes afectados, enfermos crónicos en su mayoría, precisan “necesariamente” esos medicamentos”..
Estamos ante un tijeretazo inmoral y criminal, que afecta a los más débiles, a los enfermos crónicos que más necesitan la cobertura de una sanidad universal y gratuita.
A los 42 medicamentos afectados por la medida se les aplicará un un copago máximo del 10% del precio por envase, con un tope de 4,2 euros por fármaco.
Pero estamos hablando de enfermos crónicos, o que necesitan imperiosamente esos tratamientos. Tal y como recuerda Pilar Ortega, presidenta de la Federación de Padres de Niños con Cáncer, las familias afectadas suelen incrementar sus gastos entre 400 y 600 euros y algunos de sus miembros dejan el trabajo para atender al enfermo.
¿Cuántas de esas familias van a tener serias dificultades para pagar el tratamiento que hasta ahora le proporcionaba gratuitamente la sanidad pública? ¿Y a cuántas les va a resultar imposible asumir este nuevo gasto?
Todas las asociaciones de pacientes han puesto el grito en el cielo, ante una medida tan insolidaria y que puede tener trágicas consecuencias.
Y lo peor de todo es que no estamos obligados a tomarla. En la totalidad del territorio nacional, el ahorro que podría suponer esta medida apenas llegaría a los cuatro millones de euros. Menos de lo que Emilio Botín cobra en un año.
Si se ha aplicado es porque la UE –es decir Berlín- enmendó la plana al gobierno español cuando presentó su Plan de Reformas –es decir su Plan de Recortes- para la aprobación de Bruselas.
Los “hombres de negro” de la UE exigieron al gobierno español que “cumpliera sus compromisos tendentes a reducir los costes hospitalarios derivando parte del precio de los fármacos a los usuarios”.
Y Rajoy se plegó, una vez más, a los mandatos de Berlín y del FMI. Aunque ello suponga un criminal hachazo a los enfermos de cáncer y multitud de pacientes crónicos.
¿Por qué tienen que decidirse en Bruselas las medidas que aplica el gobierno español? Cada vez que esto sucede es para aplicarnos un nuevo y más salvaje recorte.