Cargando...(…) la política tiene miedo. Tiene miedo a los ciudadanos y tiene miedo al dinero. Y por eso, el Gobierno sigue empeñado en evitar que se sepa lo que ha pasado. La conversión de la crisis económica en crisis social es imputable a los dirigentes políticos, que son los que quitan dinero de las prestaciones sociales y lo dan para rescatar a los bancos. Por pura equidad, la ciudadanía tiene derecho a saber y a que paguen quienes hayan cometido delitos. Naturalmente, esta tarea esclarecedora la tenía que iniciar el Parlamento, que por algo representa, o debería representar, a la ciudadanía. No lo ha hecho. Unas comparecencias descafeinadas (y a puerta cerrada), fruto del bloqueo del PP y la timidez del PSOE, no son lo que la gravedad del caso requiere. Las comisiones de investigación son uno de los grandes fracasos de la democracia española, porque no buscan esclarecer hechos, sino imponer una falsa verdad por mayoría política. Pero ello exige reformarlas, no inutilizarlas. Para que funcionen es condición necesaria que los diputados entiendan que cuando asumen una responsabilidad en una comisión, su compromiso es con la verdad concreta de las cosas y no con las consignas del partido. Ahí le duele. Pero un Parlamento democrático funciona así. Aquí se ha impuesto el miedo y la complicidad de casta.
Hay que agradecer a UPyD que haya roto el círculo de la impunidad acudiendo a los juzgados. La Audiencia Nacional ha aceptado tramitar el caso Bankia. Es un primer paso hacia la reparación a la que la ciudadanía tiene derecho. El procedimiento solo ha empezado. Los obstáculos serán enormes, y las cautelas con las que la fiscalía apoya la admisión de la querella dan que pensar. La autonomía de la justicia, que dicho sea de paso, acaba de caer al nivel de los políticos y los banqueros a ojos de la opinión pública, será sometida a duras pruebas. Es previsible que el Gobierno haga cuanto esté en su mano para que el proceso no prospere. Hay muchísimos intereses en juego en este caso, especialmente en las élites madrileñas y valencianas. Navegando entre la complicidad y la impotencia, el Gobierno y el Parlamento no han cumplido con sus obligaciones con la ciudadanía, a la que una vez más le toca pagar el despilfarro.