Cargando...Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE empezará a debatir hoy la reforma de la Política Pesquera Común, que plantea la necesidad de reducir -aún más- la flota a partir de 2012 y que previsiblemente afectará en buena medida a España. La oliva y la pesca tienen un denominador común en su ruinosa situación: la restricción de las cuotas de producción fomentada desde la UE.
La Política Agraria Común han (PAC) de la UE, ha subvencionado la destrucción de olivos, de granjas de carne y leche, de la vid&helli; Promoviendo activamente la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo en nuestro país, a pesar de nuestras especiales potencialidades agrícolas y ganaderas. Pero de esto no hablan las candidaturas “oficiales” al Parlamento Europeo. El tipo de subvenciones acordadas desde la UE (que premian el tamaño y no la productividad) hace que los grandes beneficiarios de las subvenciones europeas sean los terratenientes y multinacionales agroindustriales. En España un 18% –terratenientes y monopolios– concentra el 76% de las ayudas al campo. Pero ni el PSOE, ni el PP, ni IU… dan una alternativa en el Parlamento Europeo para cambiar una política agraria que está arruinando al campo español. Al calor de la PAC ha crecido el poder de los monopolios alimentarios para acaparar los mercados e imponer sus precios. Detrás de estas marcas blancas se esconde la absoluta monopolización del mercado por un puñado de grandes superficies que obliga a aceptar a los productores precios por debajo, incluso, del coste de producción. Al mismo tiempo a los consumidores nos venden los productos agrícolas y ganaderos entre un 300 a 2000% por encima del precio que han pagado en origen (al productor). Un margen de beneficios escandaloso e insostenible para nuestro campo (y nuestros bolsillos). Los representantes de las principales organizaciones agrarias de nuestro país (Asaja, COAG, UPA, cooperativas agro-alimentarias) acaban de hacer público un comunicado en el que exigen nuevas medidas y una reunión "urgente" con el Ministerio. Las organizaciones agrícolas de nuestro país lo tienen claro. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva: “Una botella de aceite vendida por 2,15 euros y, como regalo, una de aceite de girasol. Esto no puede pasar”, aseguraba Agustín Rodríguez, secretario general de la UPA en Andalucía, mientras mostraba una publicidad de Carrefour. “Ese precio no compensa los costes de producción y de envase. Son ofertas acaban por destruir el tejido productivo de la agroindustria”. Los monopolios imponen su voluntad sobre los precios y, al mismo tiempo, se aprovechan también del excedente “en negro” que generan las explotaciones, cuando no traen los productos de fuera (como en el caso de la leche) para mantener los precios que a ellos les conviene. Las organizaciones agrícolas denuncian que hay un “acuerdo negro” para la caída de precios. En referencia al aceite de oliva afirman: “Ellos (las grandes superficies) utilizan mano de obra barata para chupar del lucro de los más de un millón de productores”. Hace falta una alternativa para el campo y está meridianamente claro por dónde tiene que ir. Lo tiene claro los pequeños productores agrícolas y los consumidores, pero quienes parecen no tenerlo nada claro (por su absoluta falta de alternativas) son nuestras fuerzas políticas.