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El 80% de los inspectores y técnicos de Hacienda están dedicados a perseguir el «pequeño trapicheo» de trabajadores, pymes y autónomos. Pero el 72% del fraude fiscal en España es responsabilidad de las mayores fortunas y las grandes empresas. El 80% de ellas poseen filiales en paraísos fiscales. Pero, además, se benefician de un «fraude legal», a través de una legislación a su medida, que les permite pagar en el impuesto de sociedades sólo un 3,5% de sus fabulosas ganancias cuando deberían estar pagando el 30%. Esto es lo que ha denunciado el secretario general del sindicato GESTHA, organización mayoritaria entre los inspectores y técnicos de Hacienda. Poniendo sobre la mesa un atraco al dinero público de los más ricos, practicado gracias a los favores de la misma clase política que nos sube el IVA y nos recorta sueldos y servicios públicos a la mayoría.
“La corrupción y la baja moralidad de las élites son los factores decisivos en el aumento del fraude fiscal”. Así de tajante se pronunciaba José María Molinero al presentar, junto al profesor de la Universidad Rovira i Virgili, Jordi Sardà, el informe “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis». «Cada año podríamos recaudar hasta 63.000 millones más acabando con el fraude y los privilegios fiscales de bancos, monopolios y grandes fortunas»
Pero además, denunciaron “la ineficacia de la Agencia Tributaria” contra el gran fraude y los grandes patrimonios, y atribuyeron la creciente elusión y evasión fiscal a “la falta de voluntad política” y a que “el Gobierno mira para otro lado”.
El gobierno no solo obliga a los inspectores a concentrarse en perseguir los pequeños hurtos de trabajadores, pymes o autónomos, cuando casi dos tercios del fraude corresponden a bancos, monopolios y grandes fortunas.
También “premia” a las grandes empresas con una catarata de exenciones que les permiten pagar casi diez veces menos impuestos de los que les corresponden. Si el tipo legal del impuesto de sociedades –el que pagan las empresas por sus beneficios- está en el 30%, las grandes empresas tan solo pagan en realidad el 3,5%.
Sin embargo, todos los grandes medios de comunicación han silenciado este dato. Se han hecho eco de la publicación del informe de Gestha, pero en un ejercicio de manipulación, lo han reducido a “alertar sobre el aumento de la economía sumergida” a raíz de la crisis.
Culpabilizando de ello a trabajadores, autónomos o pequeños empresarios… y ocultando que quien más roba –con mucha diferencia- son los que más tienen.
Eso significa que los sucesivos gobiernos –antes el de Zapatero, ahora el de Rajoy- nos aplican a la mayoría draconianos recortes porque dicen que “no hay dinero”, mientras permiten que bancos y monopolios defrauden masivamente.
O que cada español deba pagar anualmente a Hacienda unos 1.910 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes –los más ricos- dejan de tributar debido al fraude y la evasión fiscal.
Cambiar esta relación sólo exige voluntad política. El secretario general de Gestha presentó nueve medidas que permitirían aumentar la recaudación sin aplicar un solo recorte ni subir los impuestos a la población.
Elevando el impuesto de sociedades a las grandes empresas al 35% -revirtiendo la “rebaja” que les concedió Zapatero- y eliminando las cuantiosas exenciones que se les conceden, podríamos recaudar 14.000 millones de euros más cada año. Casi el doble de lo que supondrá la subida del IVA, que pagaremos todos.
Si le sumamos la eliminación de los regalos a las grandes fortunas –prohibiendo las Sicavs o reponiendo el impuesto de patrimonio-, y acabamos con el fraude fiscal que practican con impunidad los grandes bancos… ¡Podríamos recaudar hasta 63.000 millones más cada año! ¡El doble de la suma de todos los recortes que nos ha impuesto el gobierno de Rajoy!
¿Hay o no hay dinero?
Los datos aportados por Gestha –el sindicato mayoritario entre los técnicos de Hacienda, colaborar de la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones, y activista en la denuncia de los chanchullos fiscales de los más ricos- nos cargan de razones para exigir una “redistribución fiscal”, donde de verdad paguen más quienes más tienen.
No pedimos un imposible. La Constitución Española, en su artículo 31, punto 1, dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos púbicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Ellos son los que incumplen la Constitución. Y nosotros somos los que exigimos que se cumpla. Para acabar con los ilegales privilegios de bancos, monopolios, grandes fortunas y el capital extranjero, que defraudan cada año miles de millones a la Hacienda pública.