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Finalmente, la propuesta que Alemania llevaba persiguiendo desde el 19 mayo, de crear un «procedimiento ordenado para los Estados insolventes», ha sido aprobada. La medida supone dar continuidad al plan de rescate de 750.000 millones de euros, al que podrá acudir un Estado cuando no pueda acudir a los mercados por estar en suspensión de pagos. Pero al mismo tiempo se le exigirán condiciones muy duras que pueden llegar a suponer la suspensión del derecho de voto en la UE.
“Que algunos tengan miedo no es un argumento”, contestó la canciller Merkel al residente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, quien había considerado “inaceptable” que una propuesta pactada previamente por París y Berlín fuera impuesta al conjunto de socios de la Unión. Pero a cuestión es otra muy distinta, ¿qué es lo que lleva a algunos a “tener miedo”?Previamente a la cumbre, Sarkozy y Merkel habían limado sus diferencias y llegado a un acuerdo para cambiar por su cuenta el Tratado de la Unión en un reunión conjunta celebrada dos semanas antes en la ciudad balneario de Deauville. En ella, y ante la sorpresa de todos, Alemania aceptó rebajar ligeramente el tono de las sancionesque había defendido hasta entonces para los países con mayor déficit, mientras que Francia decía sí al mecanismo de resolución de crisis que Berlín venía proponiendo desde hace cinco meses.En sustancia, la propuesta alemana para los Estados “insolventes”, es decir, aquellos que como Grecia no puedan hacer frente al pago de su deuda pública y tengan que ser rescatados por la UE, es la de transformarlos en una especie de protectorado económico. La UE pagaría el rescate, pero a cambio tomaría prácticamente las riendas de los presupuestos estatales de esos países a través de varios mecanismos. Expertos de la UE diseñarían sus nuevas políticas fiscales, una comisión nombrada por la UE elaboraría sus presupuestos anuales y, en última instancia ese Estado estaría privado de sus derechos políticos de voto en la UE mientras se mantuviera bajo la “tutela” de la Unión.En el inicial proyecto alemán, la Comisión europea sería la encargada de dictaminar que países deben pasar a esa situación. La concesión hecha a Francia es que ahora será la cumbre de jefes de Estado y de gobierno la que lo decida. Una manera sutil para París de blindarse a sí mismo o a sus principales socios: siempre será más fácil negociar y presionar en los pasillos de una cumbre a 27 que requiere unanimidad, que en el seno de la comisión europea que resuelve por mayoría simple.A cambio, sin embargo, París ha tenido que aceptar una nueva cláusula por la que la banca privada se hará cargo de una parte de la deuda del país insolvente, mediante una quita por la que los propietarios de esa deuda renuncian a una parte de ella. Algo a lo que se ha formado un amplio frente de resistencia que va incluso del siempre comedido presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, a Zapatero. Algo que tiene su lógica. Puesto que de esta forma, en caso de insolvencia de Portugal, por ejemplo, la banca española que tiene en sus manos una buena parte de la deuda pública lusa, tendría que hacerse cargo de una parte del rescate, parte que ahora no tendría que pagar Berlín, principal contribuyente al Fondo de rescate.