Cargando...Hacienda ha elegido la interpretación más benévola sobre el cierre del déficit de las administraciones públicas en 2013. El registro de 6,62% del PIB (más de 66.000 millones de euros), una décima por encima del objetivo marcado por Bruselas, se considera, en palabras de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, en “la senda de la consolidación fiscal marcada por la Comisión Europea”. Eso es así, aunque también sea el segundo incumplimiento consecutivo de un objetivo clave en la política de estabilidad y vaya acompañado de un aumento notable de la deuda pública. Sobre todo si se suman los 4.600 millones imputables a 2013 (no incluidos en el 6,62%) correspondientes a las ayudas a la banca. En todo caso habrá que esperar a la sanción de las autoridades europeas, que puede modificar la cuenta final, y también al previsible aumento del PIB en la revisión de septiembre, que tendría un efecto de disminución del déficit.
La estabilidad financiera pública sigue siendo la guía económica del Gobierno, aunque la disminución de la prima de riesgo elimine el riesgo perentorio de colapso, evidente en 2012. El peso opresivo de la deuda podría manifestarse de nuevo en caso de un empeoramiento brusco de las condiciones financieras internacionales. Pero lo cierto es que la guía política que viene de Bruselas ya no es tanto la estabilidad a cualquier precio, sino las reformas económicas. El objetivo de déficit ha dejado de ser imperativo para convertirse en orientativo. Y este cambio no se debe a que España u otros países hayan cumplido sus compromisos, sino a que la Comisión Europea y el Fondo Monetario han descubierto que los multiplicadores de crecimiento estaban equivocados. Es decir, que por cada unidad de gasto recortada el crecimiento y la renta caían más de lo calculado, de forma que las exigencias de ajuste conducían a la pobreza más que a la austeridad.
Ahora bien, a pesar de la tolerancia europea, la cuestión principal sigue siendo de cuánto margen dispone el Gobierno para modificar la política de ajustes y aplicar una reforma fiscal contundente que reduzca sustancialmente algunos impuestos que estimulen el crecimiento económico y el empleo. Los indicios conocidos —por ejemplo, la rebaja impositiva propuesta por la comisión de expertos— sugieren que el margen es escaso; incluso existe la probabilidad de una nueva subida del IVA. La senda de la consolidación fiscal no ha terminado todavía.