Cargando...
La nueva Ley de Educación en Cataluña ha sido aprobada en el Parlamento catalán con el acuerdo de los tres partidos que componen el tripartito, PSC, ERC e ICV, y de CiU desde la «oposición». Sólo el PP y Ciutadans se opusieron. ¿En qué convergen todos estos partidos, aparentemente muy diferentes, para aprobar una ley que organiza un sector y una actividad de tanta importancia y envergadura como es la educación? Dos son las columnas. Primera, el establecimiento del catalán como única lengua a usar como instrumento para la enseñanza del resto de las asignaturas. Segunda, dar carta legal a la iniciativa de privatización, abriendo vías para la gestión privada de las escuelas públicos y priorizando la oferta de los centros concertados.
Con la nueva Ley Educativa (LEC) se va a imlantar un modelo lingüístico monolingüe. Asignaturas, material didáctico, circulares, libros de texto… todo se hará exclusivamente en catalán, que pasaría a ser la única lengua de uso en los colegios. ¿Defiende esta ley el catalán? No. Utiliza el catalán como forma de imponer el nacionalismo excluyente. A costa de convertirlo en una lengua impuesta al estilo franquista. Y lo único que producirá será rechazo. Esta ley es, en realidad, enemiga del catalán. Pero lo que es también importante, esta nueva ley educativa aparenta, con la propuesta de más autonomía en escuelas e institutos, de la posibilidad de gestión privada de centros públicos por parte de cooperativas de padres y entidades sin afán de lucro, una mayor participación de todos en la educación. Pero realmente propone el refuerzo del poder de las direcciones y de la capacidad de los centros para decidir los perfiles de los maestros y profesores, apoyándose en ciertos conceptos, como “autonomía de centros, direcciones profesionalizadas, gestión privada de los centros públicos, evaluación, y municipalización”. Trata de implantar una gestión tipo empresa proponiendo un modelo escuela-empresa y una organización jerárquica de los centros educativos. Supone una iniciativa de privatización, que abre vías para la gestión privada de las escuelas públicos y prioriza la oferta de los centros concertados. Por ello, ha contado con el beneplácito entusiasta de CiU y el rechazo de la mayoría de las organizaciones sindicales de la enseñanza. La ley hace una clara apuesta por los centros privados subvencionados con dinero público (que en Cataluña son ya un 40 %), estimulando la oferta que derivará más dinero público para centros gestionados por patronales privadas (en su mayor parte religiosas). Se propone, por otra parte, una gestión autoritaria en los centros públicos. Se pretende reforzar la autoridad y funciones de las direcciones que podrán tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del profesorado, de las asociaciones de padres y de los consejos escolares. Lo que se necesita en Cataluña, como en el resto de España, es una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades. Una potente educación pública, de cultura española y de calidad científica, es decir, nacional, democrática y progresista.