Cargando...Ante la nueva Ley de Educación, cuya ponencia se ha aprobado en el Parlamento catalán con el acuerdo de los tres grupos del tripartito, PSC, ERC e ICV, y CiU desde la «oposición», sólo el PP y Ciutadans se oponen. Como ya se ha denunciado en otros artículos, es una ley ultra-nacionalista con la que Montilla, el tripartito y CiU se empecinan en la imposición excluyente del catalán en todo el sistema educativo, siendo el español, «extranjero» y marginado, el único idioma que no puede ser curricular. Con la nueva Ley Educativa (LEC) se intenta implantar un modelo lingüístico monolingüe. Asignaturas, material didáctico, circulares, libros de texto… todo se hará exclusivamente en catalán, que pasaría a ser la única lengua de uso en los colegios. ¿Defiende esta ley el catalán? No. Utiliza el catalán como forma de imponer el nacionalismo excluyente. A costa de convertirlo en una lengua impuesta al estilo franquista. Y lo único que producirá será rechazo. Esta ley es, en realidad, enemiga del catalán.
Pero además esta nueva ley educativa ropone más autonomía en escuelas e institutos, posibilidad de gestión privada de centros públicos por parte de cooperativas de padres y entidades sin afán de lucro, refuerzo del poder de las direcciones, evaluación de los docentes y capacidad de los centros para decidir los perfiles de los maestros y profesores; y apoyándose en ciertos conceptos, como “autonomía de centros, direcciones profesionalizadas, gestión privada de los centros públicos, evaluación, y municipalización”, lo que trata es de implantar una gestión tipo empresa proponiendo un modelo escuela-empresa y una organización jerárquica de los centros educativos; y una perspectiva de privatización, abriendo vías para la gestión privada de las escuelas públicos y priorizando la oferta de los centros concertados. Por ello, cuenta también con el beneplácito de CiU. La ley hace una clara apuesta por los centros privados subvencionados con dinero público (que en Cataluña son ya un 40 %), estimulando la oferta que derivará más dinero público para centros gestionados por patronales privadas (en su mayor parte religiosas). Se propone, por otra parte, una gestión autoritaria en los centros públicos. Se pretende reforzar la autoridad y funciones de las direcciones que podrán tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del profesorado, de las asociaciones de padres y de los consejos escolares. Una gestión donde las direcciones hagan funciones propias de una patronal, supondría ir hacia un modelo de gestión autoritaria que eliminaría la participación y dificultaría el trabajo en equipo que es, precisamente, la mejor garantía del buen funcionamiento de un centro educativo. Cambios que acabarán definitivamente con su gestión democrática. Lo que se necesita en Cataluña, como en el resto de España, es una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades. Una potente educación pública, de cultura española, de calidad, científica y democrática.