El grupo, formado por una decena de campesinos, se mantiene en la Iglesia de San Roque, de la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, mientras que las carreteras de ingreso a esa urbe, que fueron obstaculizadas entre el lunes y el jueves, fueron despejadas por los manifestantes, que dieron una «tregua» hasta el próximo día 20
Un gruo de campesinos y pequeños mineros del sur de Ecuador mantuvieron hoy una «huelga de hambre» como parte de la protesta que se desató el lunes contra una Ley de Minería impulsada por el Gobierno.El grupo, formado por una decena de campesinos, se mantiene en la Iglesia de San Roque, de la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, mientras que las carreteras de ingreso a esa urbe, que fueron obstaculizadas entre el lunes y el jueves, fueron despejadas por los manifestantes, que dieron una «tregua» hasta el próximo día 20El líder indígena Salvador Quishpe, que se declaró el miércoles en huelga de hambre indefinida, dijo al canal Ecuavisa que la medida pretende exigir al Gobierno el archivo de la Ley minera pues considera que esa norma favorece a la minería a gran escala y perjudica al medio ambiente y al país.Además, sostuvo que varios proyectos mineros que se ejecutan en la zona sur del país han causado graves daños ambientales, sobre todo en zonas agrícolas donde habitan comunidades indígenas.La ley del Gobierno, dijo Quishpe, señala que «el Estado recibirá el 5 por ciento de regalías (dividendos de la actividad) cuando la Constitución manda a recibir un monto no menor al 50 por ciento».El Gobierno seguirá adelante con el proyecto de la nueva Ley Minera pese a las movilizaciones y manifestaciones en contra por parte de campesinos, indígenas y grupos ecologistas, informó hoy el ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios.»La visión del Gobierno es seguir adelante con la Ley de minería, y yo creo que es positiva para el país», declaróSegún Palacios, Ecuador, «un país pobre, no puede seguir sentado sobre grandes recursos» y añadió que las movilizaciones responden a «una tergiversación y una manipulación de las comunidades por parte de ciertos dirigentes» que no les dicen la verdad «para lograr la desestabilización».Los dirigentes indígenas y ambientales dan argumentos que no tienen ningún sentido, como que no se va a respetar el agua, cuando la ley establece que las prioridades serán las mismas que están en la Constitución y habla de la secretaría Nacional del Agua» como el «único ente que podrá regular el uso del agua», explicó.Básicamente, el miedo de las comunidades y de los campesinos es que se dañe su acceso al agua, entonces se va a proteger para que no suceda», agregó.El hecho de que se realicen consultas comunitarias con el poder de cerrar proyectos mineros ha sido uno de los temores latentes en la industria, que afronta una feroz oposición por parte de ambientalistas y algunas localidades en las regiones ricas en minerales del sur del país.El borrador de la ley está siendo revisado por el presidente Rafael Correa, un economista, quien dijo apoyar los grandes proyectos siempre y cuando generen miles de millones de dólares a la empobrecida nación andina.