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Como ya ocurrió en las protestas de 2019 contra el reaccionario y entreguista gobierno de Lenin Moreno, Ecuador está en ebullición. Desde el 13 de junio, el país andino vive una intensa ola de protestas, movilizaciones y cortes de carretera contra el alza de los combustibles y de los productos básicos, y contra las políticas de su derechista presidente, el banquero Guillermo Lasso, que en respuesta ha decretado el Estado de Excepción.
El paro nacional indefinido está convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización que ha protagonizado las intensas luchas populares de los últimos años. La CONAIE, donde conviven varias corrientes, pero ahora encabezada por Leonidas Iza -un dirigente tachado de «marxista», «radical» y «antiimperialista» por los medios más conservadores-, denuncia el insoportable incremento del coste de la vida, los ataques de la banca y las empresas monopolistas a las clases populares (especialmente a los campesinos, que son el 35% de la población del país), y las políticas neoliberales y entreguistas del presidente Lasso.
A pesar del alza en los precios mundiales del petróleo, que beneficia a Ecuador, al tratarse de uno de de sus principales productos de exportación, el alza de los precios castiga duramente a las clases más humildes y empobrecidas. Las comunidades indígenas, que representan un 7% de la población total, se han visto especialmente impactadas por la crisis, la pandemia, y las antipopulares políticas de Moreno y Lasso. Pero a las protestas de los indígenas y campesinos se han unido una amplia variedad de trabajadores y sectores urbanos, desde centrales obreras al movimiento feminista.
Ante el aumento de las protestas y los violentos choques de la policía contra los manifestantes -que han dejado ya cuatro muertos y un centenar de heridos- el gobierno Lasso ha declarado el Estado de Excepción en seis de las 24 provincias de Ecuador, limitando las libertades de asociación y reunión. Quito estuvo varios días paralizada por los manifestantes, y el gobierno llegó a perder el control de una pequeña ciudad en la Amazonía a manos de manifestantes con armas, lanzas y explosivos.
¿Qué exige la CONAIE?
Para levantar el paro indefinido, la Central Indígena exige una lista de 10 demandas que en buena parte representas las demandas más inmediatas de todas las clases populares y trabajadoras de Ecuador.
Lo primero que exigen es la reducción y congelación, del precio de los combustibles, especialmente a los sectores más atacados por el alza de los mismos: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros, así como políticas de control de precios y de la especulación en el mercado de productos de primera necesidad, que tienen como beneficiarios a los intermediarios monopolistas y las grandes cadenas de supermercados.
También exigen que los campesinos queden protegidos de sus deudas con los bancos, la renegociación de las mismas, y la imposición de una moratoria sobre los embargos de casas, terrenos y vehículos en caso de impago.
La CONAIE exige precios justos para los productos agrícolas, para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustento y puedan continuar produciendo. Tambien una moratoria para los numerosos proyectos mineros y extractivos de alto impacto medioambiental a los que se oponen furiosamente las comunidades indígenas, y el respeto a los derechos colectivos de estos pobladores: educación integral bilingüe, justicia propia, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
Asimismo, esta central se opone frontalmente a la privatización y entrega al capital extranjero de los sectores estratégicos nacionales que está impulsando el gobierno Lasso: el Banco del Pacífico, las hidroeléctricas, las pensiones públicas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), las carreteras, y parte del sistema de salud, entre otras. En cuanto a sanidad y educación, la CONAIE exige refinanciar a la sanidad pública, acabar con el desabastecimiento de los hospitales y la falta de personal, y garantizar el acceso de la juventud de la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
Es decir, se trata de un programa inmediato de carácter popular, patriótico y democrático, que exige políticas redistributivas de la riqueza para ser llevado a cabo.
Carlos dice:
Y cómo no quieres que se revolucione la peña, si el 40% de los ecuatorianos no tiene ni para comer? Pues normal, hale, ya pueden mandar al ejército a poner «órden» (el orden de un banquero y el FMI, se sobreentiende)