Dudas razonables del pacto

ARTUR Mas, presidente en funciones de la Generalitat, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, sellaron ayer por la tarde el acuerdo político que pretende asegurar la gobernabilidad de Catalunya para los próximos cuatro años. El pacto CiU-ERC fue suscrito después de que ambos concretaran la fecha de la celebración de una consulta legal por un Estado propio en la Unión Europea, que será a lo largo del año 2014, aunque con una cláusula que permite demorar la cita si las circunstancias lo aconsejan y mediante el acuerdo de ambos. Superado este escollo en el tema de la fecha, y tras la evidente e incomprensible cesión de la federación nacionalista a las presiones de su nuevo socio, la investidura de Artur Mas se celebrará el jueves y el viernes de esta semana, según anunció anoche la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, tras haberse reunido a lo largo del día con los diversos grupos parlamentarios. El pacto, que se dará a conocer solemnemente hoy, incluye una serie de medidas para hacer frente a la crisis económica sobre las que se han expresado últimamente razonables dudas en cuanto a su practicidad, su eficacia y, especialmente, sobre algunos efectos que pueden resultar nocivos para la economía catalana. Así lo expresaron las patronales Foment y Fepime y la Cambra de Comerç. Por ejemplo, ayer mismo, el Govern en funciones decretó la implantación de un impuesto sobre todos los depósitos bancarios, una medida que puede tener consecuencias sobre las clases medias, cada día más empobrecidas por la crisis (véase el segundo editorial). Este impuesto era una de la propuestas de ERC, lo que indica hasta qué punto este partido puede marcar las futuras políticas del Govern.De hecho, en el conjunto de las medidas acordadas, según la lista que publicó La Vanguardia el pasado sábado, hay algunas que producen una gran inquietud, tanto por su difícil implantación como por los resultados adversos que pueden producir. En el pacto se prevé desde la recuperación del impuesto de sucesiones hasta una rebaja de las exenciones del de patrimonio, la creación de varios tributos sobre la banca, las bebidas con azúcar, las grandes superficies o las centrales nucleares, así como la implantación de una tasa para los vehículos pesados que crucen Catalunya. Unas medidas que, según alertan los empresarios, pueden obligar a deslocalizar sus empresas del principado en busca de territorios donde la fiscalidad sea más suave, como está ocurriendo en Francia con los polémicos impuestos sobre los grandes patrimoniosMás allá de si el acuerdo entre CiU y ERC garantiza una estabilidad política imprescindible para hacer frente a los muchos retos a los que deberá enfrentarse el nuevo Ejecutivo y la sociedad catalana, conviene tener en cuenta la fragilidad política de un partido, el republicano, cuyas decisiones se toman en asamblea y que, debido a la dureza de la situación y a la necesidad de aplicar recortes, puede echarse atrás o poner palos en las ruedas si la presión social arrecia, lo que, por supuesto, no es descartable. La experiencia del pasado más reciente así lo indica, tanto en los tripartitos de la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona. El principal reto al que debe hacer frente el nuevo Govern es, sin duda, el económico, lo que a la vista está que no es nada fácil por las desafecciones que produce. Así se desprende, además, del resultado de las pasadas elecciones. Y para ello, ERC puede no ser el mejor