«La duda de profesionales sanitarios en la vacunación de la gripe A es razonable», así se ha expresado el profesor, también expresidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC) en el Foro sobre í‰tica de las Medidas para la Protección de la Población contra la gripe A que se celebró recientemente en la sede de la OMC en Madrid.
En medio de severas críticas que colegios de médicos y otras instituciones oficiales del mundo sanitario están haciendo al sector de rofesionales que se niegan a vacunarse (tachándoles de irresponsables e hipócritas), Altisent señaló que "los profesionales educados en la evidencia científica consultan la ficha técnica de la vacuna de la gripe A y se plantean dudas razonables", añadiendo que "países como Polonia han decidido esperar a comprar el medicamento, por considerar que no ofrecía las suficientes garantías".No se trata de cuestionar la necesidad de políticas de prevención en salud pública, sino de cuestionar los beneficios de la "cultura preventiva de la que se están impregnando las sociedades occidentales y de la que se derivan efectos secundarios como convertir el riesgo en una enfermedad". Se refiere a la llamada medicalización de la sociedad.El descubrimiento del mercado de los sanos, "que es más amplio que el de los enfermos", es otra de las amenazas que puede hacer que la prevención tenga un espíritu más empresarial que sanitario. Ocurre en la política lo mismo que en medicina se llama medicina defensiva. Ocurre cuando un médico solicita a ciertos pacientes, análisis, pruebas diagnosticas, o consultas, innecesarias, sólo para cubrirse las espaldas de posibles reclamaciones legales, tal como ocurre cuando, para no afrontar un parto difícil un obstetra practica cesáreas que podrían haberse evitado. Para la "política sanitaria defensiva" la prioridad "es más el beneficio político que el sanitario".En este sentido, Alisent cuestiona que la inversión en vacunas y fármacos de prevención, resta recursos para tratar otras enfermedades y afirma que es necesario reponer "la quiebra" social que han provocado las autoridades sanitarias. La OMC afirma que hasta la primavera no se podrá hacer una evaluación correcta de la política sanitaria sobre esta cuestión.