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En el ministerio de Trabajo se concentran de forma especial las dos tendencias en lucha que están en la base de este gobierno. Los límites impuestos por las exigencias del FMI y Bruselas para que se mantengan los cambios estructurales de la reforma laboral, por un lado. Por otro las presiones del pueblo trabajador contra la precariedad.
Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, licenciada en Derecho, está reconocida como especialista en pensiones y Seguridad Social tras su paso como consejera de Trabajo de Castilla-La Mancha y como portavoz adjunta de la Comisión del Pacto de Toledo.
Valerio se enfrenta al doble reto de combatir la precariedad especialmente derivada de las reformas laborales de Zapatero en 2010 y, sobre todo, la de Rajoy en 2013. Y por otro lado, garantizar las pensiones públicas.
En una de sus primeras declaraciones públicas al diario La Razón ha señalado que su primera medida es “garantizar la suficiencia de las pensiones”, en la línea de consolidar la revalorización de las pensiones según el IPC. Así como atajar el déficit de la Seguridad Social que se acerca ya a los 19.000 millones de euros .Y está pendiente cómo va a mantener la posición sobre el blindaje constitucional, expresado por el propio Pedro Sánchez acudiendo a la manifestación de la MERP el pasado 17 de abril.
Respecto a la reforma laboral, Magdalena Valerio declara que “las normas no se pueden derogar alegremente”. Y tiene razón; es muy difícil derogar la reforma laboral, sobre todo porque es una de las líneas rojas establecidas por el FMI y Bruselas.
Pero al mismo tiempo apuesta por cambios parciales en la reforma laboral. Dice que hay que ver “cuáles son los aspectos que consideramos de manera dialogada y consensuada que hay que derogar”. En la línea de lo que ya anunció Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura sobre la necesidad de derogar los “aspectos más lesivos de la reforma laboral”. Especialmente en relación con los salarios y los convenios.
En este sentido, la nueva ministra declara en la entrevista que ella va a seguir apostando por subir el salario mínimo a 1.000 euros. Y sobre la precariedad dice que “hay que adoptar medidas para resolver el fraude de los contratos a tiempo parcial y los falsos autónomos”.