Cargando...La reforma de la justicia está en boca de todos. El anuncio de una huelga judicial, la necesidad de dotar de más medios materiales a jueces y fiscales, ocupa páginas y páginas de los periódicos. Pero hoy, una noticia nos recuerda que existe otra reforma pendiente de la justicia. Aquella que elimine las dos varas de medir, los dos tipos tan diferentes de justicia que se aplican dependiendo de la clase a la que pertenece el inculpado.
El fiscal ha edido entre tres y cuatro años de prisión para los trabajadores que ocuparon, durante una huelga, el aeropuerto del Prat. Durante las movilizaciones contra la segregación de los servicios de tierra aprobada por Iberia, que suponía cientos de despidos, 200 trabajadores ocuparon durante unas horas las pistas del aeropuerto, en defensa de sus puestos de trabajo. El fiscal acusa a los procesados de un delito contra el tráfico aéreo, desobediencia grave y resistencia a la autoridad -alternativamente de desórdenes públicos-. Estos delitos comportan una petición de tres años de prisión para 25 de los procesados, mientras que para dos sindicalistas de UTG, acusados de alentar la ocupación de pistas la petición del fiscal se eleva a cuatro años de cárcel. Además, el fiscal ha solicitado que se identifique a los promotores de la asamblea donde se decidió llevar a cabo la huelga. Pero no termina aquí la extrema dureza de la justicia contra los trabajadores. La fiscalía pretendió incluso que se considerara la ocupación de las pistas como un delito tipificado en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Esta ley prevé penas de prisión menor como “reos de sedición” a las personas que “en aeropuertos o aeronaves se alcen colectivamente”. Este artículo está pensado para encausar a terroristas que intenten secuestrar aviones. Y el delito de sedición sólo se ha aplicado a los autores del 23-F. Así es como trata la justicia a los trabajadores que se movilizan. Por el contrario, las dos veces que Botín se ha sentado en el banquillo, el fiscal y el abogado del Estado pidieron su absolución. A pesar de que, en el caso de las cesiones de crédito, estaba imputado por malversación fiscal, el representante del gobierno pidió la absolución del banquero. Dos clases, dos justicias a aplicar. ¿Para cuando una reforma de la justicia que acabe con esto?