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Argentina cumple un año con Javier Milei en la Casa Rosada. Doce meses en los que el ultraderechista ha domado la endiablada inflación que asolaba la economía argentina… pero a costa de disparar los índices de pobreza, extendiendo la carestía para más de la mitad de la población; de imponer draconianos ajustes de más del 30% de los gastos del Estado -mutilando la educación y la universidad, la sanidad y los programas sociales o la obra pública; y de entregar impúdicamente las fuentes de riqueza nacional a las manos de la oligarquía y -sobre todo- del gran capital extranjero, especialmente norteamericano.
Dos datos concentran la cara y la cruz de la motosierra de Milei. En el primer año del ultra como presidente, la inflación ha bajado del 25,5% al 3,5%, mientras que en esos mismos doce meses, la pobreza ha dado un salto de trece puntos, pasando del 40% al 53%. En un país avanzado e industrializado, más de la mitad de los habitantes son pobres.
Al grito de «¡Viva la Libertad, carajo!», el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones de 2023 a lomos de 14,5 millones de votos en la segunda vuelta (el 55,6% de los sufragios, el 40% del censo), logrando aglutinar los votos del macrismo y el rechazo a la gestión económica de Alberto Fernández, tras haber quedado segundo en la primera vuelta con 8 millones de apoyos (30% de los votos, 22% del censo).
Nadie puede negar que Milei ha logrado su promesa estrella: contener una insoportable inflación que en el momento de las elecciones era del 161% interanual, una escalada de precios que devoraba el bolsillo de los argentinos, generando un enorme malestar y haciendo que millones de personas resoplaran de rabia ante las promesas de «justicia social» del peronismo y la izquierda.
Pero nadie puede negar tampoco que el precio para lograrlo ha sido arrojar a la población de la sartén… al fuego. En un tiempo récord, Argentina ha escalado a tasas de pobreza que no se habían visto en 20 años, desde la época del corralito. Más de la mitad de los argentinos viven hoy bajo el umbral de la miseria. Son unos 25 millones de personas, y entre ellos hay casi siete de cada 10 niños, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec).
Dos indicadores ilustran esta trágica situación. El consumo interno de hierba mate y de carne de vacuno -dos elementos culturalmente esenciales de la cesta de la compra argentina- están en los peores niveles desde 2017 y 1996, respectivamente. «No alcanza la guita. Ahora la gente ya viene y compra para el día a día, antes te compraban para la semana, eso se perdió», dice un carnicero del barrio bonaerense de Almagro.
Junto al de estos productos básicos, todo sube: alquiler, luz, gas, agua, transporte público. ¿Cómo no va contraerse el consumo y rebajarse la inflación con esta brutal receta? Sin embargo, los expertos coinciden que el verdadero impacto en la actividad económica de este altísimo incremento de la pobreza y del descenso abrupto en el consumo todavía tardará un tiempo en desplegarse.
Entre los sectores sociales más cruelmente golpeados por los ajustes de Milei están los jubilados, que han visto esfumarse un 22% -en términos promedio- de su poder adquisitivo. El ultra hizo uso de su veto presidencial -un superpoder antidemocrático otorgado por su «ley Ómnibus»- una iniciativa de la mayoría del parlamento para elevarlas siquiera un poco. Viejos volviendo a trabajar; otros han dejado de tomar unos medicamentos cuyos precios se han quintuplicado, o dividen por la mitad las pastillas para que les duren el doble: estas escenas -junto con decenas de miles de jubilados movilizándose en las calles- se han vuelto tristemente cotidianas en la Argentina de Milei.
La motosierra ultraderechista ha sido implacable contra los trabajadores públicos -con una reducción del 30% de los gastos del Estado, esencialmente mediante drásticos tijeretazos en políticas sociales y en infraestructuras y obra pública, despidiendo a 33.000 funcionarios, y cerrando ministerios y agencias estatales. Esta ha sido la receta para alcanzar el «superávit fiscal»: mutilar todo lo que suene a gasto público, con la salvedad de todo lo referido a policía y ejército, cuyo presupuesto se ha duplicado.
Los brutales recortes de Milei se han desplegado con saña contra uno de las joyas de la corona del país: su educación pública, y muy especialmente contra sus prestigiosas universidades, verdadero elemento de «ascensor social» tan preciado en la conciencia nacional como la selección nacional de fútbol. El gobierno ultra ha recortado el 70% del presupuesto de las universidades públicas, haciendo perder a los docentes el 36% de su poder adquisitivo, cortando completamente el grifo a miles de líneas de investigación, obligando a que las clases se tengan que dar a oscuras.
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Bajo la égida de Washington y el FMI
Pero además del sector público, los ajustes han golpeado al empleo en general con más de 261.000 puestos de trabajo perdidos. Los sectores más afectados son la construcción, la industria y el comercio, mientras que el sector primario ha ganado levemente: agricultura, ganadería, minería y pesca.
Una deriva del mercado laboral coherente con la orientación que busca el gobierno de Milei: dirigir Argentina hacia una economía semicolonial y extractivista. Un país con un Estado reducido -excepto en sus aparatos represivos, que se refuerzan- con menos fábricas, con ninguna inversión en I+D+i, una Argentina volcada en la exportación de materias primas lo más baratas posible, todo en manos privadas y sobre todo extranjeras.
Porque este es el objetivo oculto de los ajustes de Milei. No se trata -como muchos, de derecha a izquierda la llaman- de una política «libertaria» ni «anti-Estatalista», sino de una política de entrega de las fuentes de riqueza a la oligarquía financiera argentina, pero sobre todo al gran capital extranjero, especialmente de Wall Street.
No es una suposición, sino un hecho constatable. Milei está negociando con el FMI un nuevo acuerdo que reemplace al firmado por el Gobierno de Alberto Fernández en enero de 2022, cuando se negociaron nuevos plazos de pago para el crédito de 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri había recibido en 2018, plazos que Milei ha cumplido religiosamente.
Para ello, confía en que su cercanía política al nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le ayude a conseguir un nuevo crédito. Pero sobre todo, presenta como aval un año de gestión, donde ha aplicado de manera inmisericorde las recetas macroeconómicas dictadas desde EEUU. Recordemos que pocas semanas después de tomar posesión de su cargo, Milei realizó una visita a Washington, donde su agenda macroeconómica -tras ser «corregida» y enmendada por el FMI- recibió el visto bueno de este organismo.
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Un país contra la motosierra
La figura de Milei es alérgica a los grises, a las medias tintas o al «No Sabe/No Contesta». Los que lo defienden, lo hacen cerradamente. Los que lo detestan, lo hacen furibundamente.
Con todo su bagaje de ataques antipopulares, es sorprendentemente ver como su índice de popularidad no ha variado sustancialmente a lo largo de este año. Con altibajos, mantiene una aprobación que oscila ente el 41 y el 46%. Eso significa que cuenta con la oposición frontal de más de la mitad de los argentinos (un 53% según los datos de noviembre de 2024), pero mantiene una -por el momento sólida- base de apoyo.
Sin embargo, a lo largo de este año la «temperatura» de las protestas en Argentina ha sido altísima y constante, con movilizaciones masivas de muy variados sectores afectados por sus ataques. Marchas gigantescamente multitudinarias -y trasversales, con gente de todas las edades- en defensa de la universidad pública; movilizaciones de pensionistas, manifestaciones feministas, varios paros nacionales (huelgas generales), y multitud de marchas que han abarrotado las grandes avenidas y plazas de Buenos Aires y de las principales urbes del país, como si la celebración de un Copa del Mundo se tratara.
Las protestas han sido reprimidas con una dureza extrema, por parte de una ministra del interior -la candidata del macrismo Patricia Bullrich- que ha aprobado leyes «antipiquetes» que han sido cuestionadas como inconstitucionales.
Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), el saldo de la represión de este año deja «1155 personas heridas, 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas»
«La represión y el miedo son parte del mecanismo de la motosierra para evitar que la gente salga a la calle a protestar. Balas de goma, camiones hidrantes, golpes con porras y bastones, detenciones arbitrarias e incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas afectados por la violencia represiva», denuncia AI.
Pero nada de esto detiene la constante marejada de protestas. Por mencionar sólo las de diciembre: las de los estudiantes contra la asfixia de la Universidad Pública, y las masivas marchas de las dos CTAs -junto con la CGT, la principal central sindical argentina, dividida por una diferencia interna, y vuelta a unir en la lucha contra Milei- en Buenos Aires y las provincias.