Cargando...Hoy han coincidido dos noticias sobre el agua, sobre las aguas españolas. Pero no es una coincidencia fortuita. Es consecuencia de dos peligros reales que amenazan que el agua en España sea un bien para todos. Que este bien tan preciado y necesario no esté en manos de empresas monopolistas extranjeras, ajenas a los intereses de la población española, como en el caso de Aguas de Barcelona. O en manos de las castas burocráticas regionales como instrumento para mantener su poder autonómico en contra de los intereses de los ciudadanos de a pie de su región y de toda España.
El asado marzo medio millón de personas pidieron en una manifestación desarrollada en Murcia que se mantuviera en funcionamiento el trasvase Tajo-Segura. Ahora unas 30.000 personas se manifiestan en Talavera de la Reina en contra del trasvase del río Tajo al río Segura. Este disloque ha sido producido por las burocracias políticas autonómicas que representan y encarnan a las castas económicas regionales. Castas que sólo tratan de quedarse con todos los recursos posibles sin importarles el daño que causan a los intereses comunes de los ciudadanos de a pie de toda España y contribuyan al debilitamiento de España en plena crisis económica.Porque exigir que las cuencas se puedan transferir (como el nuevo Estatuto de Andalucía que expropió al resto de los españoles la del Guadalquivir), que el Ebro se lo “quede” Aragón y, ahora, Castilla-La Mancha (a través también de su Estatuto) pretenda decretar motu propio el final del trasvase Tajo-Segura supone, todo ello, romper el principio democrático ‘el agua es de todos’. Principio basado en la realidad orográfica por la que España necesita una gestión del Estado que mediante un plan nacional, una solución integral, basado en los conceptos de cuencas hidrográficas, de trasvases y de otros mecanismos, que partiendo de los intereses generales del conjunto de los ciudadanos españoles atienda las necesidades específicas de las diferentes zonas de España.