Cargando...España sigue siendo uno de los primeros productores de huevos de la UE, con un 13% del volumen total en 2007, a pesar de los drásticos recortes y dificultades impuestas desde la UE. Sin embargo este sector español se enfrenta en los próximos meses a decisiones de gran trascendencia.
A medida que se aroxima el año 2012, plazo para la reestructuración de las granjas que tienen que adaptarse a la Directiva 1999/74, emergen las dificultades. El sector necesita de una enorme capacidad de financiación (se calculan 600 millones de euros de inversión) y de grandes ayudas públicas para que las granjas españolas puedan continuar produciendo los huevos que se consumen en nuestro país. Lo que se denomina “cabaña de ponedoras” en España ha experimentando una bajada significativa de un 4,9% en el año 2008. Y un descenso acumulado en los últimos cuatro años (período 2005-2008) del 20,3%. A pesar de este dato, el comercio con países terceros muestra en los nueve primeros meses de 2008 un resultado neto positivo de 7.836 toneladas, que supone un 38% más que el total registrado en el 2007. Los datos disponibles hasta agosto de 2008 reflejan también un incremento de las exportaciones comunitarias a países terceros de un 7,3%, junto con un descenso relevante de las importaciones de un 53%. Es decir, el huevo español, y sus productos derivados, puede ser competitivo, pero esta tendencia puede cambiar. Los costes y condiciones impuestos por la normativa de la UE, junto con la imposibilidad de aplicar las mismas normas a productos de países terceros importados (los principales países exportadores de huevos a la UE son EEUU, Argentina, México, Brasil e India), perjudican claramente al sector del huevo de la UE, particularmente en España, y este efecto se acentuará aún más en el futuro. Un reciente estudio publicado por la Universidad de Wageningen en Holanda sobre los costes de producción concluye que, frente a Brasil y EEUU, los productores comunitarios soportan más de un 30% de “sobrecoste”. De esa cifra, se calcula que un 20 a 25% corresponde a los costes derivados de las regulaciones vigentes en la UE que no existen en países extracomunitarios. El estudio estima que la aplicación de la Directiva 1999/74 (de reestructuración de las granjas) supondrá como media un incremento adicional del 8% en el coste para las producciones comunitarias. ¿Hacía dónde se dirige este sector productivo español? ¿A quiénes sirven las medidas de la UE?¿Como siempre, de aplicarse la nueva normativa, sólo se salvarán los “grandes” de la UE?