Cargando...Ha finalizado (¡por fin!, han suspirado muchos, ante el bochornoso espectáculo ofrecido) ha finalizado la ronda de conversaciones de Zapatero con todos los presidentes de comunides, con el fin de negociar la nueva financiación autonómica. El resultado ofrecido, a la espera de que se confirmen las cifras, es un desbarajuste disgregador que quiebra la solidaridad, debilita la cohesión social, favorece la desigualdad e incrementa el omníbodo poder de las castas políticas y económicas locales, ávidas por devorar los recursos comunes.
La ronda del residente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los presidentes autonómicos en La Moncloa, iniciada el pasado 20 de diciembre con los de la Generalitat catalana, José Montilla y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha finalizada esta semana con el de Baleares, Francesc Antich. La conclusión es un nuevo sistema de financiación que debilita la capacidad del gobierno central para garantizar la igualdad, la cohesión nacional y la solidaridad. El nuevo sistema pretende que ninguna comunidad autónoma pierda posiciones respecto al modelo vigente. Para ello aumentará la cesión de impuestos a las comunidades, del 70% en 2006 al 90%, ahora, de acuerdo con las cifras previstas en el Estatuto de Cataluña: IRPF (pasa del 33% al 50%); IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (del 40% al 58%). Zapatero introdujo varios criterios nuevos (compensación por aumento de la población, un fondo para las comunidades que obtuvieran menor financiación per cápita una vez descontadas las aportaciones a la solidaridad interterritorial) que sólo benefician a las comunidades más ricas. Para mitigar el escándalo, Zapatero se sacó de la chistera un fondo para compensar a las comunidades con menor renta per cápita. Y, para acabar contentando a todos, introdujo un nuevo fondo para aquellas comunidades que no estuvieran agraciadas por ninguno de los dos anteriores. Un auténtico desbarajuste que sustituye la solidaridad y la cohesión como ejes vertebradores del reparto por un conjunto de fondos que nadie entiende. Se aduce que el incremento de la financiación autonómica tiene por objetivo dotar a las comunidades del dinero necesario para atender la educación, sanidad y servicios sociales, transferidas por el Estado. Pero estamos sufriendo como la descentralización de los servicios sociales esenciales está introduciendo diferencias y desigualdades en función de la comunidad donde se resida. El espectáculo de la ley de dependencia, donde gobierno central, autonomías y ayuntamientos discuten quien debe poner más dinero, mientras los afectados no reciben las prestaciones, es un ejemplo de hasta donde pueden llegar las aguas.